El número de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) realizadas en Asturias en 2020 se situó en 1.842, lo que supone un descenso del 11,7% respecto al registrado al año anterior, en el que se practicaron 2.087. Así se constata en el último boletín de Inform_Acciones publicado por el Observatorio de la Salud del Principado (OBSA).
El confinamiento entre los meses de marzo y mayo del año pasado tuvo un impacto directo en el número de abortos, especialmente entre la población joven, al reducirse la interacción social. A partir de junio volvió a aumentar hasta las cifras habituales, que se mantuvieron estables el resto del año.
El porcentaje de abortos se redujo un 9,3% respecto al período 2017-2019, trienio en el que las cifras fueron homogéneas. La bajada es notable en los grupos de edad de 15 a 19 y de 30 a 34 años, con un 18,1% y 14,1%, respectivamente.
Los grupos etarios que conservan las mayores tasas son los de 20 a 24 (20,33 por cada mil mujeres) y de 40 a 44 (4,54 por cada mil mujeres), prácticamente idénticas a las de años anteriores.
El informe refleja que no se detectan grandes diferencias en cuanto al momento de interrupción del embarazo respecto a años anteriores, ya que por término medio se producen en la semana 7,6 de gestación.
El Principado considera elevadas las actuales tasas de aborto, por lo que insiste en la importancia de las medidas para garantizar la salud sexual de la población en general y de la juventud en particular. Es preciso recordar que esta es una de las líneas prioritarias del Plan de Salud del Principado de Asturias 2019-2030: poblaciones sanas, personas sanas.
En este sentido, las autoridades sanitarias recomiendan universalizar la educación sexual en los centros educativos y sanitarios con el fin de garantizar el bienestar presente y futuro de los adolescentes, así como el acceso a métodos anticonceptivos. Para lograr este objetivo, es preciso poner en marcha estrategias que faciliten la gratuidad de estos medios, así como su conocimiento, para que se pueda hacer uso de ellos.
Estas dos medidas, junto con otras que impliquen a entidades sociales y al ámbito comunitario, son claves para fomentar la salud sexual, lograr que desciendan las interrupciones voluntarias del embarazo y proteger los derechos sexuales.