Buenos Aires, 7 ago (dpa) – La Cámara de Senadores argentina debatirá este miércoles un proyecto legislativo que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, iniciativa que en junio pasado tuvo la aprobación de la Cámara de Diputados.
A continuación, un repaso de la situación legal del aborto en otros países de América latina:
MÉXICO: El aborto es legal en los 32 estados de México para casos de embarazo por violación. Como cada estado mexicano tiene su propia legislación, algunos incluyen otros casos en su normativas, como malformaciones en el feto, peligro para la vida de la mujer, inseminaciones artificiales no consentidas o precariedad económica de la madre si tiene ya tres hijos o más. Organizaciones civiles y de derechos humanos señalan que en la práctica no hay facilidades para realizar un aborto, incluso bajo esos motivos. El único estado en el que el aborto es legal para cualquier mujer es la Ciudad de México, que en 2007 reformó su Código Penal para incluir el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
BRASIL: El aborto solo se permite en Brasil en casos de violación, riesgo de vida para la madre o anencefalia fetal. No es considerado crimen el aborto realizado fuera de territorio nacional. En todos los otros casos, el Código Penal lo considera delito contra la vida humana y están previstas penas de prisión de uno a tres años para la gestante que provoque o permita que otra persona lo haga. Para quien lo practique sin el consentimiento de la embarazada, las penas van de tres a diez años. En los casos permitidos, el Estado lo puede realizar por medio del SUS (Sistema Único de Salud, público). Según la Investigación Nacional del Aborto, llevada a cabo por la Universidad de Brasilia, cada año 500.000 mujeres se someten a abortos clandestinos en el país.
CHILE: El 14 de septiembre de 2017 la entonces presidenta Michelle Bachelet promulgó una histórica ley que despenaliza el aborto voluntario en tres casos: cuando exista riesgo de vida para la madre, inviabilidad del feto o violación. Desde 1931 estuvo vigente en el país una ley de aborto terapéutico que la dictadura militar del fallecido Augusto Pinochet (1973-1990) derogó pocos meses antes del término de su régimen. Hasta la sanción de la ley en 2017, el aborto en cualquier circunstancia era castigado con penas de prisión.
URUGUAY: La interrupción voluntaria del embarazo fue legalizada en 2012. La ley le quitó responsabilidad penal a la mujer que recurra a un aborto en las primeras 12 semanas de embarazo. Para ello debe asistir a una consulta médica en hospitales del sistema nacional de salud e informar de su decisión de interrumpir la gestación. Profesionales de la salud deben organizar ese mismo día o al siguiente una consulta con un equipo interdisciplinario de apoyo psicológico y social para informar a la mujer de otras alternativas. Desde la vigencia de la ley, Uruguay se convirtió en el segundo país, detrás de Canadá, con menor mortalidad materna en América, según la Revista Internacional de Ginecología y Obstetricia.
VENEZUELA: El aborto está permitido en Venezuela sólo en los casos de que el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer. El Código Penal establece una sanción que va de los seis meses a los dos años de cárcel para la mujer que interrumpa su embarazo.
CUBA: La interrupción voluntaria del embarazo es legal en Cuba desde hace más de medio siglo. Está contemplado hasta la semana 12 de gestación y se puede practicar en instituciones del sistema de salud pública. El plazo para practicar un aborto podrá extenderse, por razones médicas o de salud, hasta la semana 22 de gestación.
ESTADOS UNIDOS: La interrupción voluntaria del embarazo es legal en Estados Unidos desde 1973. La Suprema Corte de Justicia dictaminó en un fallo, a partir de un juicio iniciado por una embarazada producto de una violación, que la mujer tiene el derecho de decidir llevar o no el embarazo a término. El aborto puede practicarse durante las primeras 12 semanas de embarazo.
EL SALVADOR: La normativa en El Salvador prohíbe el aborto y es una de las más duras que rigen en América. La mujer que decide someterse a una intervención de ese tipo y es descubierta puede enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión.