(EP) – Al menos 360 personas fueron víctimas en 2020 de la explosión de bombas de racimo o de remanentes de este tipo de artefactos, una subida con respecto a los datos de años anteriores, según un informe que señala que alrededor del 44 por ciento de estas víctimas eran menores de edad.
El informe de la coalición global que vigila el uso de este armamento, respaldado por la ONU, confirma víctimas en Afganistán, Camboya, Irak, Laos, Sudán del Sur, Siria y Yemen, así como en Nagorno-Karabaj, un territorio cuya soberanía se disputan Armenia y Azerbaiyán, dos países que no han suscrito el tratado internacional para prohibir este tipo de armamentos.
De las 142 personas que han sufrido directamente el impacto de una bomba de racimo en 2020, 107 corresponden a ataques perpetrados en Azerbaiyán, según el estudio, en el que se confirman otras 218 víctimas por el estallido de restos de artefactos. Los expertos estiman que hay 26 países aún contaminados por el uso de estas armas.
Las características específicas de este tipo de bomba, que se divide una vez lanzada en submuniciones, hacen que tenga un impacto indiscriminado en la zona donde se arrojan, al tiempo que las convierten en una amenaza a largo plazo. De hecho, los civiles siguen siendo considerados las principales víctimas.
La Coalición de las Bombas de Racimo ha instado a todos los países a comprometerse con un tratado que aboga por la no utilización de bombas racimo y también por la eliminación de los arsenales. Desde que entró en vigor la convención, 36 de los Estados firmantes han destruido el 99 por ciento del total del arsenal declarado a nivel mundial.
Para la responsable del informe, Mary Wareham, las críticas generalizadas a los ataques en 2020 en Nagorno Karabaj «demuestran que la prohibición de estas armas está ganando fuerza». «Todos los países deberían condenar cualquier uso de las bombas de racimo por cualquier actor en toda circunstancia», ha reclamado.