Bogotá, 12 jul (dpa) – El Gobierno colombiano y las FARC firmaron en noviembre de 2016 un acuerdo definitivo de paz, uno de cuyos puntos más importantes permitirá abrir a partir de este viernes el procesamiento penal de los guerrilleros que cometieron delitos.
Los principales puntos del acuerdo que dan lugar a la llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) son los siguientes:
– Se busca el resarcimiento de las personas afectadas por el conflicto armado y para ello crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los desaparecidos y la reparación del daño causado.
– Forman parte de este sistema la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
– Esta última instancia estará constituida por una serie de salas, entre ellas una de Amnistía e Indulto y un Tribunal para la Paz. En esta jurisdicción tendrán cabida los agentes del Estado que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado y quienes hayan financiado grupos armados.
– No serán objeto de amnistía ni indulto los autores de delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, violación, sustracción de menores, desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.
– Las sanciones alternativas para infracciones que se impondrán a quienes reconozcan su responsabilidad en el juicio comprenden penas de restricción de la libertad de cinco a ocho años. Quienes no reconozcan su culpabilidad cumplirán las sanciones de las normas penales ordinarias, con sanciones no inferiores a 15 años ni superiores a 20. Las FARC ayudarán a reparar a las víctimas con sus bienes. La JEP tendrá una vigencia de 10 años.