Agentes de la Policía Nacional han desarrollado en la Comunidad de Valencia una operación contra el fraude a la Seguridad Social, al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Han sido detenidas 56 personas e investigadas otras 52 en una operación donde se han descubierto 25 empresas ficticias que habrían defraudado a la Seguridad Social un total de 2.143.239,93 euros simulando relaciones laborales de trabajadores en diversos sectores de la actividad laboral en la Seguridad Social. Entre los implicados se encuentran varios empresarios, dos autorizados por el Sistema RED de la Seguridad Social y los presuntos trabajadores que obtuvieron fraudulentamente prestaciones o subsidios de la Administración Pública. Varios ciudadanos extranjeros regularizaron su situación administrativa en España gracias al fraude.
De los 1.211 trabajadores investigados, 81 habían percibido casi medio millón de euros en prestaciones
Las investigaciones comenzaron a principios del presente año al ser detectadas un importante número de empresas sospechosas de defraudar a la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma Valenciana, según los informes facilitados por las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de Valencia y Alicante. Tras estudiar la documentación proporcionada se solicitó a la Tesorería General de la Seguridad Social, a la Subdirección General de Prestaciones del SEPE y al INSS la correspondiente documentación donde se pudo constatar la existencia de varias personas dedicadas a la simulación de relaciones laborales entre las mercantiles investigadas y los presuntos trabajadores que se habrían beneficiado de tal situación jurídica.
En total han sido investigados 1.211 trabajadores, de los cuales 81 habían solicitado y percibido prestaciones económicas por importe de 484.698,16 euros del SEPE y del INSS, siendo investigados también 25 empresarios y dos gestores administrativos. Por su parte, las empresas inspeccionadas habrían generado una deuda a la Seguridad Social de 1.658.541,77 euros por el impago de los seguros sociales generados como consecuencia del alta de los presuntos trabajadores. De los investigados no detenidos hay dos empresarios que se encuentran internos en la prisión de Valencia y otro que reside en Francia.
Los responsables declaraban realizar una actividad laboral inexistente
Estas empresas denominadas “ficticias” son entidades físicas o jurídicas sin actividad laboral real y efectiva, siendo utilizadas de forma instrumental para simular negocios jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores a los que, a cambio de diferentes cantidades de dinero, daban de alta en la Seguridad Social. Por su parte los responsables de las mercantiles investigadas declaraban realizar una actividad laboral, algo que en realidad no sucedía.
Entre las empresas investigadas hay varias formadas por personal de nacionalidad ucraniana, búlgara y rusa que las creaban para darse de alta en la Seguridad Social, unos como trabajadores y otros como empresarios. En otras, los trabajadores pasaban a ser administradores y viceversa, pagando regularmente las cuotas generadas por los seguros sociales de los presuntos trabajadores con el fin de no ser descubiertos a la vez que dificultaban las labores de investigación de los organismos dedicados a detectar el fraude.
A pesar de pagar las cuotas por lo seguros sociales, las cantidades percibidas por las prestaciones recibidas eran muy superiores al gasto originado, pues solicitaban prestaciones por desempleo, subsidios, maternidad, paternidad, incapacidad temporal, pensiones de jubilación, etc.
Las pensiones de jubilación aumentaban de 21,78 euros a 391,35 euros tras las gestiones fraudulentas
Respecto a la pensión de jubilación, había personas que -aprovechándose de los acuerdos bilaterales internacionales- pasaban a ser titulares de una pensión de 391,35 euros con revalorización anual cuando en realidad les hubiese correspondido una por valor de 21,78 euros. Este aumento se debió a que aportaron el informe de vida laboral de su país y también justificaron un año de alta como trabajadores en una empresa radicada en España -que posteriormente han sido declaradas ficticias-. Además, regresaban a su país de origen, por lo que no han podido localizarse en España.