La OCU afirma que desde el inicio de la guerra de Irán el pasado 28 de febrero y hasta el 28 de septiembre, el precio medio de la gasolina ha pasado de 1,48 euros por litro a 1,935 euros, lo que representa un incremento acumulado del 30,7%.
En el mismo periodo, el diésel ha aumentado desde 1,437 euros hasta 1,931 euros por litro, una subida del 34,4% y eso, aplicando las ayudas aprobadas por el Gobierno, que suponen una rebaja aproximada de 24 céntimos por litro, mientras que la gasolina cuenta con una reducción cercana a los 6 céntimos.
Así lo precisó este jueves en un comunicado en el que admitió la “utilidad” de estos descuentos para “amortiguar el impacto inmediato de la crisis”, si bien advirtió de que el actual marco inflacionario obliga a avanzar hacia nuevas estrategias estructurales, sobre todo teniendo en cuenta que es “poco probable que los precios vuelvan a los valores del año pasado”.
En este contexto, subrayó que las medidas de apoyo a los hogares deben tener en cuenta tanto el nivel de renta como el peso del gasto en carburantes en el presupuesto familiar, prestando atención a los hogares con ingresos bajos y medios especialmente afectados por la subida de precios.
Asimismo, urgió a fortalecer el transporte público como herramienta para fomentar una alternativa más barata y sostenible al vehículo privado y a promover un uso más eficiente de los desplazamientos.
En paralelo, pidió promover puntos de recarga ultrarrápidos para vehículos eléctricos, la principal asignatura pendiente en la promoción de este tipo de transporte y una “estrecha vigilancia” de la evolución de los precios para garantizar la transparencia del mercado y asegurar que las bajadas de las cotizaciones se trasladen igual de rápido que las subidas.
Para OCU, la actual situación “evidencia la necesidad de combinar medidas de alivio inmediato con políticas estructurales orientadas a reforzar la sostenibilidad, la eficiencia energética y la resiliencia de los hogares frente a futuras crisis”.
La organización sostiene que proteger el poder adquisitivo de las familias exige actuar con criterios de equidad, transparencia y seguridad económica, “prestando especial atención a los colectivos más vulnerables y promoviendo alternativas de movilidad accesibles, seguras y respetuosas con el medio ambiente”.