El Consejo de Gobierno ha decidido este miércoles someter a información pública durante los próximos 20 días el anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno. La normativa incorpora como principales novedades un régimen sancionador para altos cargos en materia de transparencia, la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción y un canal ético de denuncia ciudadana sobre presuntas conductas irregulares o incumplimientos normativos.
Según ha explicado en posterior rueda de prensa al consejo el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, el régimen sancionador prevé, en el caso de infracción muy grave por parte de los altos cargos, la imposición de una multa por importe de uno a tres meses de sueldo, la destitución del puesto o la inhabilitación por un período de entre de cinco y diez años.
Además la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción se encargará, entre otros asuntos, de gestionar las diligencias informativas que se deriven de las denuncias ciudadanas recibidas a través del nuevo canal ético, que tendrá formato electrónico y al que se accederá a través del Portal de Transparencia.
Según ha indicado Martínez, esta medida permitirá a cualquier persona, garantizando su confidencialidad, comunicar presuntas conductas irregulares o incumplimientos normativos de los que pudiera derivarse responsabilidad administrativa, contable o penal, aunque no estarán permitidas las denuncias anónimas.
La ley establece además la creación de las Unidades de Transparencia y de un servicio de transparencia que será el encargado del diseño, desarrollo, coordinación, seguimiento y evaluación de estas políticas del Consejo de Gobierno.
ELECCIÓN DEL PARLAMENTO
También nacerá el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y a las disposiciones en esta materia. Su presidente, nombrado por un período no renovable de cinco años, será elegido a propuesta de la Junta General del Principado por mayoría de dos tercios entre personas de reconocido prestigio.
En materia de Buen Gobierno, el anteproyecto contempla la aprobación de un código ético, que va más allá de la norma nacional vigente, que establece únicamente una serie de principios generales y de actuación.
Por lo que se refiere a la publicidad activa, la ley también se aplicará a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales de ámbito autonómico; a las federaciones de partidos, agrupaciones de electores y fundaciones que dependan de ellos, y a las entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones en una cuantía igual o superior a 30.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos alcance un mínimo de 3.000 euros.