La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Graciela Blanco, ha mostrado hoy su satisfacción tras la aprobación en la Junta General del Principado de la modificación de la Ley de Servicios Sociales, “que da amparo legal a la relación con las entidades del tercer sector. Es una solución para seguir trabajando y mantener esa estrecha colaboración con ellas, sobre todo en el ámbito de la discapacidad y la infancia”.
Durante su intervención, la titular de Bienestar Social ha resaltado que esta modificación reconoce “el trascendental papel de las entidades de iniciativa social en la atención a las personas más vulnerables”. De ahí, que se incluya dotarlas de un estatuto propio que fortalezca las relaciones entre la administración pública y las citadas entidades, “reforzando su papel en la sociedad asturiana”, ha matizado.
Blanco se ha referido a la importancia que tiene para el Gobierno de Asturias que estas entidades puedan desempeñar un papel fundamental en la planificación y programación de los servicios sociales, “lo que significa ir mucho más allá de las relaciones que se establecen a través de un vínculo contractual; eso es lo que supone dotarlas de un estatuto propio”.
La consejera ha resaltado que la modificación dará más responsabilidad a las entidades, para que sigan gestionando los servicios que ofrecen y prestar una atención de calidad. Y ha señalado que el Gobierno asturiano ha volcado todos sus esfuerzos en esta modificación, aunque ha reconocido que es necesaria una nueva ley integral de servicios sociales que recoja aspectos nuevos como la dependencia y el salario social.