(Europa Press) – La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el organismo que investiga los crímenes cometidos por la ya extinta guerrilla de las FARC y las fuerzas de orden público durante el conflicto armado en Colombia, ha acreditado este martes al partido Unión Patriótica (UP) como víctima durante este proceso debido a los asesinatos y persecuciones que sufrieron sus militantes por parte de las Fuerzas Armadas del país.
Con esta decisión, el partido de izquierdas podrá participar en todas las etapas del proceso judicial y no sólo estará sujeto a reconocimientos y reparaciones, sino que tendrá autoridad para recomendar y solicitar aquellas sanciones que consideren oportunas, dentro del caso 006 de la JEP por parte de las autoridades del Estado colombiano
La Sala de Reconocimiento ha explicado que la UP sus militantes y simpatizantes tuvieron que hacer frente a «constantes agresiones y amenazas», así como «al homicidio de sus integrantes». En ese sentido, la JEP denuncia, que la formación de izquierdas se vio forzada a buscar coaliciones políticas en lugar de acudir bajo sus siglas debido a la falta de garantías y seguridad durante los procesos electorales.
La JEP ha recordado que la Unión Patriótica «pasó de ser el partido político con la mayor votación lograda en la historia de una formación de la izquierda democrática del país a perder, transitoriamente, su estatus jurídico» en 2002, que ahora tras el fallo ha recuperado.
Las alegaciones en favor de la UP han explicado que el hostigamiento no sólo se persiguió a sus militantes y dañó sus resultados electorales, sino que además provocó el «desvertebramiento de sus estructuras y redes de proselitismo».
El caso 006 de la JEP estudia más de 8.000 denuncias, de las cuales ya se ha identificado a 108 posibles sospechosos de haber participado en actos violentos y se han confirmado dos víctimas más a título individual, ha apuntado periódico ‘el Espectador’.
La UP ha denunciado durante años el «genocidio por razones políticas» a la que fue sometida. Esta persecución contra sus dirigentes y simpatizantes, ha denunciado la JEP, «tuvo como propósito deshacer el partido e impedir su participación política, lo que configura un atentado contra el pluralismo y la democracia».
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado al respecto al destapar el déficit de justicia frente a la criminalización de la UP. Una impunidad, ha detallado, marcada por la desinterés y los fallos del sistema judicial en aportar soluciones y sentencias a los crímenes cometidos durante esos años de conflicto armado.
La Unión Patriótica nació en 1985 como parte de una propuesta de paz de las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como alternativa política a las armas.
Desde entonces, y según ha detallado el Centro Nacional de Memoria Histórica, la violencia contra el partido y sus integrantes dejó más de 4.100 muertos, entre ellos los asesinatos de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, así como centenares de otros militantes, entre alcaldes, diputados y concejales.
Las fuerzas de Seguridad del Estado, los grupos paramilitares y los cárteles del narcotráfico han sido señalados como los responsables de este «genocidio político», tal y como lo ha definido la UP.
