El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha tomado este viernes en consideración, con 24 votos a favor y 19 en contra, la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular para la supresión del Consejo Económico y Social (CES) de la comunidad autónoma.
Podemos, Ciudadanos y Foro han respaldado la iniciativa del PP, mientras que PSOE e IU han defendido la función de participación social que cumple este órgano institucional creado en 1988, tres años antes de la formalización del consejo a nivel estatal.
El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons incidió en la «duplicidad clara» que existe entre las funciones del CES asturiano y el órgano estatal, así como en el coste del organismo que supera este año los 756.000 euros con una «escasa actividad». Así, apuesta por «la racionalidad unida al ahorro». «Para promover la participación democrática esta no es la única fórmula posible», ha dicho.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Ignacio Prendes sostiene que «hay que revisar si es preceptiva la continuidad del órgano con su actual configuración». «No hace falta un órgano con estructura estable y permanente, que consume recursos, para asegurar sus funciones acreditadas», ha señalado.
En la misma línea, la portavoz de Foro, Cristina Coto, cree oportuno «que se abra de nuevo el debate», aprovechando para criticar que además del CES, el Gobierno del Principado «dispone de un Consejo de Sabios». «Hay demasiados sabios para un gobierno que tiene funcionarios suficientemente preparados», ha apuntillado.
Asimismo, el diputado de Podemos Enrique López ha reclamado mayor racionalización en el funcionamiento de la administración y eficiencia en el uso de los recursos públicos. «Es necesario un cambio en la administración y no vale anclarse en las estructuras porque tengan una dinámica desde hace 30 años; ese no es buen punto de partida para hacer un análisis sobre las funciones que deben desempeñar las instituciones», ha dicho.
Por contra, el diputado de IU Ovidio Zapico ha asegurado que se trata de un «debate ideológico». El parlamentario de IU ha advertido de que la intención de la iniciativa es «cargarse un pilar del Estado democrático y de derecho, sobre el que debería reconstruirse el estado de bienestar y la participación social». Al respecto, Zapico ha recordado que en el CES están representados miembros de la «economía social» como empresarios, sindicatos, la Universidad y los municipios.
«La crisis no es la excusa, es su arma para empobrecer y generar involución de la sociedad», ha replicado al PP, haciendo hincapié en que las partidas decrecen anualmente y la supresión no implicaría ahorro «porque gran parte de la plantilla son empleados públicos que se incorporarían en otros puestos de la administración». «Mejorar sí, no destruir», ha zanjado.
Igualmente, el portavoz socialista, Fernando Lastra, ha criticado la ambigüedad mostrada, especialmente por Ciudadanos y Podemos, al tomar en consideración una propuesta de supresión argumentando que permitirá debatir sobre la estructura del organismo. «Esto no sirve para iniciar un debate, aunque el proceso incluya el debate; tiene una finalidad clara en su artículo único: supresión del CES». «Es un órgano de participación institucionalizada», ha señalado, resaltando la trayectoria internacional de este modelo participativo.
En otro orden de asuntos, ha salido adelante una moción del Grupo Parlamentario de Podemos sobre el control de la actividad investigadora desarrollada en el Serida, con 32 votos a favor y 11 abstenciones.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
La sesión de este viernes comenzó con una declaración institucional por los derechos de los pueblos indígenas, en la que el pleno de la Junta General se hizo eco de las recomendaciones oficiales de la ONU, que en Asamblea General asumió los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y anunció su compromiso con el seguimiento, acompañamiento respetuoso y apoyo al movimiento indígena en el ejercicio de sus derechos.
Del mismo modo, el parlamento autonómico declara su compromiso con la receptividad de propuestas e iniciativas para que se cumplan las declaraciones de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, así como las estrategias asturiana y española sobre pueblos indígenas; y su colaboración con iniciativas que permitan a la población asturiana conocer las propuestas de diversidad cultural, de riqueza, patrimonio, sabiduría, espiritualidad y resistencia de los pueblos indígenas del mundo, que según la ONU serían 5.000, en 75 países, con unos 370 millones de personas, que los propios pueblos indígenas suben a 500 millones.