La junta de gobierno del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa), presidida por la consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, ha aprobado hoy la adaptación de los estatutos que rigen el funcionamiento de la entidad a la reforma local marcada por las leyes de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; de Racionalización del Sector Público; y de Régimen Jurídico del Sector Público.
La nueva redacción ha contado con el apoyo del 39,19% del voto legal del consorcio, que equivale a más de dos tercios de los presentes. Solo los representantes de Xixón Sí Puede y de Podemos Asturias, así como la mayoría de los vocales de la formación Foro Asturias han votado en contra.
La presidenta de Cogersa ha resaltado que esta reforma se hace solo para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma local impulsada por el Gobierno central en la pasada legislatura –obligatoria, por tanto, para el consorcio- a la vez que se preserva y protege un modelo de gestión público y la coordinación supramunicipal de servicios que ha dado pruebas de eficacia a lo largo de sus casi 35 años de existencia.
Una de las novedades de la nueva redacción es la adscripción del consorcio a la Administración regional. Esto supone que se aplicará el régimen jurídico autonómico al régimen de personal y patrimonial, así como en materia presupuestaria, de control y contabilidad, conforme a la normativa que en su desarrollo dicte la Administración.
El cambio responde a la aplicación de los supuestos recogidos en las mencionadas reformas que establecieron, con su entrada en vigor, que el consorcio administrativo debía colocarse dentro de la dependencia funcional y presupuestaria del socio que más control ejerciera en su actividad. La reforma se aprovecha, asimismo, para dotar de más seguridad jurídica la toma de decisiones en el ámbito del consorcio.
Sistema de recuento de voto
Además, en el nuevo texto se fija una definición más concreta de la proporción con la que participan en el proceso de toma de decisiones cada uno de los socios propietarios: el sistema de recuento del voto, ponderado en función de la población de cada concejo, con reserva de un 20% del derecho de representación para la Administración autonómica. Este criterio fue avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en cuatro sentencias dictadas en 2015 para desestimar otros tantos recursos presentados por Foro Asturias desde diferentes ayuntamientos.
El sistema es el que se viene aplicando desde el origen de Cogersa con garantías de proporcionalidad, representatividad y funcionalidad, aunque en la validación del criterio se ha considerado, además, el hecho de que a lo largo de la historia del consorcio el Gobierno de Asturias ha realizado aportaciones económicas a las inversiones en nuevas instalaciones y servicios que superarían ampliamente ese 20% de asignación en el voto.
Fernández ha explicado que la administración autonómica conserva el 20% de participación en el voto ponderado por el hecho de que su contribución en las inversiones a lo largo de las tres décadas de historia del Consorcio supera muy ampliamente ese porcentaje.
También se regula de forma más expresa, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/2014, el régimen del derecho de separación y disolución de los miembros del consorcio. Además, se elevan las exigencias para lograr la aprobación de los asuntos más relevantes en la junta de gobierno del Consorcio. Con los nuevos estatutos será necesaria una mayoría especial de dos tercios del voto legal (frente a la mayoría simple de los presentes que se venía exigiendo hasta la fecha) para sacar adelante propuestas que afecten a grandes inversiones y operaciones financieras, entrada de nuevos socios, disolución de la entidad e incluso nueva redacción de la reglamentación interna.
Presupuesto de 2017
La junta de gobierno también ha aprobado el presupuesto de 2017 por importe de 6.962.994 euros (un 1% más que en 2016), con inversiones de 6.160.267,75 euros que, a través de modificaciones e incorporaciones previstas, podrían llegar hasta 9.955.099,44 euros. Las actuaciones más importantes son el recrecido del vertedero de residuos urbanos y asimilables de La Zoreda, la ampliación de la nave de reciclaje de envases, el aumento de capacidad de depósito de seguridad de residuos peligrosos, la construcción de nuevos puntos limpios o la planta de compostaje de lodos.