El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, ha asegurado este miércoles que la empresa Alcor Seguridad no notificó por escrito a la Dirección regional de Justicia ni al Principado la ausencia de su puesto de la coordinadora de seguridad del centro de Sograndio que fue una de las responsables detenidas por supuestos delitos fiscales.
No obstante el Consejero ha indicado que más allá de exigir responsabilidades, el Principado no puede establecer ni decidir que empresas pueden o no presentarse a un concurso público.
Martínez ha indicado que el Principado ya ha exigido responsabilidades y que se cumplan todos y cada uno de los extremos de los contratos de seguridad firmados con la compañía. Además ya ha pedido explicaciones por escrito.
«Ya hemos pedido responsabilidades por este suceso y por otros que ya se han registrado con anterioridad», ha dicho el consejero que ha añadido que, pese a lo ocurrido, la seguridad del centro de Sograndio ha estado garantizada en todo momento.
Ha añadido que el gobierno regional es el primer interesado en que se clarifique todo lo ocurrido en tanto en cuanto pudiese afectar a los contratos mantenidos con esta seguridad.
El consejero ha añadido que el contrato para la seguridad de Sograndia firmado con la empresa finalizaría el 22 de diciembre de 2016, mientras que el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publica este miércoles la renovación del contrato de seguridad de la Ciudad de Vacaciones de Perlora.
Este último contrato, aunque se ha hecho público hoy, el boletín fija en el 30 de septiembre la fecha de formalización del contrato, y establece un valor estimado del acuerdo de 510.158 euros.