La Delegación de España en Eurojust recibió durante 2017 información sobre una veintena de sentencias dictadas por la Audiencia Nacional contra 34 acusados por delitos de terrorismo yihadista, 27 de los cuales fueron condenados.
Hasta el 31 de diciembre del pasado año, se puso en su conocimiento información relativa a un total de 105 investigados en situación de prisión preventiva en causas por terrorismo yihadista, una cifra similar a la registrada en 2016 (104 presos preventivos) y sensiblemente superior a la de 2015 (74).
El número total de sentencias de terrorismo enviadas a Eurojust en 2017 ascendió a 50. De ellas, 20 correspondieron a procedimientos por yihadismo, 29 a causas seguidas contra acusados de pertenecer a la banda terrorista ETA y la última se refiere a «otros» actos de naturaleza terrorista. El número total de acusados enjuiciados ascendió a 86, de los cuales 68 fueron condenados y 18 resultaron absueltos. Solo cinco del total de cincuenta sentencias enjuiciaron hechos que habían causado víctimas.
En 2016, la mayoría de los condenados sobre los que se remitió información a Eurojust (85) estaban relacionados con la banda terrorista ETA; 25 fueron sentenciados por actos de terrorismo de inspiración yihadista; uno de los condenados pertenecía al grupo Resistencia Galega y otro más, a los GRAPO. En 2015, se informó a Eurojust sobre 51 sentencias relacionadas con la organización terrorista ETA; 3 de terrorismo yihadista y una referida a otros tipos de actuaciones terroristas.
Estas cifras figuran en la Memoria de actividades del Miembro Nacional de España en Eurojust 2017 y forman parte de la información que periódicamente le remiten los corresponsales nacionales para asuntos de terrorismo en una materia sensible para la seguridad del Estado y que requiere de una colaboración intensa y eficaz. El intercambio de información judicial se realiza cada cuatro meses mediante informes (denominados «fichas») sobre las sentencias dictadas en delitos de terrorismo por la Audiencia Nacional; tales informes se actualizan con los pronunciamientos del Tribunal Supremo.
Obligación de informar
Los corresponsales nacionales (en la actualidad, una magistrada y una fiscal de la Audiencia Nacional) tienen la obligación de remitir a Eurojust, a través del Miembro Nacional, información relativa a la existencia de cualquier investigación o procedimiento judicial por delitos de terrorismo. En concreto, la identificación de las personas o entidades sujetas a dichas investigaciones; los actos objeto de investigación o enjuiciamiento y sus circunstancias específicas; la relación con otros casos de delitos de terrorismo; y las eventuales actuaciones que, en materia de cooperación jurídica internacional, se hayan podido cursar en relación con aquellas investigaciones y su resultado.
Además de las «fichas» con la información descrita, los corresponsales nacionales remiten al Miembro Nacional de España en Eurojust los autos de prisión provisional y modificación de la medida respecto a los investigados por delito de terrorismo yihadista, datos estos que requieren un especial seguimiento y actualización por la naturaleza provisional de las medidas cautelares. A estas informaciones se añaden todas aquellas que sean requeridas de forma expresa por Eurojust y las que, debido a su interés, remitan los corresponsales nacionales por iniciativa propia.
Los datos son finalmente procesados por un analista de la Unidad Operativa de Eurojust con el fin de mejorar la respuesta en la lucha contra el terrorismo y de completar la contribución de Eurojust al informe de Europol sobre la situación y tendencias del fenómeno terrorista en la Unión Europea.
Según señala la Memoria de Actividades, España es «tradicionalmente, el Estado Miembro que más información facilita respecto de las contribuciones obligatorias en materia de terrorismo».