La Consejería de Presidencia ha garantizado hoy la legalidad del proceso de los seis servicios de vigilancia que la Administración autonómica ha adjudicado a la empresa de seguridad Alcor en diversos centros públicos. “En todos ellos, la empresa resultó adjudicataria al amparo de un procedimiento que garantiza la libre concurrencia conforme a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público”, ha explicado el director general de Justicia e Interior, José Luis Villaverde, quien ha reiterado que la empresa “cumplió todos los requisitos previstos en el pliego de cláusulas particulares que sirvió de base a la licitación y no incurrió ni en baja temeraria ni en una desproporción al ofertar su precio”.
El director general ha rechazado que existan bases para la denuncia del sindicato UGT de supuestas irregularidades en el proceso de contratación y asegura que, respecto a la supuesta inexistencia de una delegación homologada de Alcor en Asturias, la empresa ya ha tramitado la correspondiente solicitud de autorización de apertura ante la Delegación del Gobierno, competente en la materia, y que es además requisito exigido por la Administración del Principado.
Villaverde se ha referido también a los supuestos incumplimientos del contrato administrativo por parte de Alcor al explicar que ésta ha sido sometida a varias inspecciones. Concretamente en el Centro de Alojamiento de Menores Miraflores, en Noreña, se detectó que la empresa no había facilitado el calzado correspondiente al uniforme ni los equipos de autoprotección a todo el personal, que presta servicio, por lo que fue requerida a hacerlo en el plazo legal estipulado.