La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Graciela Blanco, ha resaltado hoy el esfuerzo del Gobierno de Asturias por preservar los servicios públicos y las políticas destinadas a los colectivos más vulnerables para minimizar el impacto de la crisis. “Hemos antepuesto el mantenimiento de las políticas básicas de atención y protección a las personas a otras iniciativas también necesarias”.
La consejera ha hecho está afirmación durante su intervención en la XVIII concentración de la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (FAMPA), que este año ha reunido a más de 3.000 personas mayores en el polideportivo municipal de Llanes, y donde ha reconocido la contribución de este amplio colectivo al progreso de la comunidad autónoma y al Estado de Bienestar.
Blanco ha puesto en valor el compromiso del Gobierno de Asturias, que, “en este difícil contexto, ha sabido reaccionar, mientras que otros abandonaron o recortaron los servicios, nosotros destinamos el 70 por ciento del presupuesto a Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Somos de las pocas comunidades autónomas que incrementa los recursos destinados a políticas sociales”.
En 2014, con un presupuesto prorrogado, el Ejecutivo autonómico destinó, exclusivamente a mayores, 200 millones de euros para los programas de envejecimiento activo y saludable, subvenciones y la prestación de servicios, para atender a más de 190.000 personas mayores. “Nuestro modelo es fundamental para luchar contra la desigualdad y evitar la brecha social “, ha dicho.
Así, la consejera se ha referido a la extensa red de servicios sociales, que cubre la práctica totalidad del territorio: 33 centros sociales; 44 centros de día, que disponen de casi 1.300 plazas; los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, o las cerca de 5.200 plazas residenciales, gestionadas por el ERA, son parte “de esa red de la que tenemos que sentirnos orgullosos, que nos permite actuar en todos los concejos y cuya defensa es más necesaria en estos momentos, porque contribuye a la equidad y a la lucha contra la exclusión”.
Blanco no ha pasado por alto la disminución, en un 70 por ciento en los últimos años, en la financiación del Estado en lo que respecta al Plan Concertado, herramienta fundamental para el mantenimiento de la red básica de servicios sociales de proximidad, y que se verá afectada por la denominada ley de reforma local, sobre la que, según aseguró la consejera, los socialistas ya han manifestado su disposición a derogar cuando lleguen al Gobierno de España.
Durante su intervención, la titular de Bienestar Social también ha ensalzado la labor que desarrolla FAMPA, integrada por 84 asociaciones, y la importante colaboración que mantiene con la Administración como interlocutora en órganos como el Consejo de Personas Mayores, el Consejo Asesor de Bienestar Social o la Mesa Ciudadana Contra la Pobreza y la Exclusión Social.