Washington/Bruselas/Ginebra, 17 jul (dpa) – La escalada de la violencia en Nicaragua, donde la grave crisis política que comenzó con protestas sociales hace casi tres meses ya ha dejado al menos 350 muertos y más de 2.000 heridos, generó una nueva ola de rechazo por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU.
El nuevo ataque a la ciudad de nicaragüense de Masaya, erigida en símbolo de la resistencia al presidente Daniel Ortega, desencadenó hoy una condena inmediata en Estados Unidos, cuyas autoridades acusaron directamente al Gobierno del ex guerrillero sandinista Daniel Ortega de estar perpetrando la violencia.
El embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, calificó de «genodicio» lo que está ocurriendo en el país centroamericano.
«Los repetidos actos de violencia y represión solo conducirán a un mayor aislamiento y sanciones. ¡Tienen que parar inmediatamente este genocido!», escribió Trujillo sobre un tuit en el que el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, dio cuenta del ataque de fuerzas paramilitares y de policía contra un barrio de Masaya.
En la misma red social se pronunció el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Francisco Palmieri. «Instamos enérgicamente al Presidente Ortega a que no ataque a Masaya. La continua violencia y derramamiento de sangre promovidos por el gobierno en #Nicaragua deben cesar inmediatamente. El mundo está observando», escribió.
El Departamento de Estado ya había emitido el lunes un comunicado advirtiendo a Ortega de que la violencia está «minando» cada vez más su legitimidad y volvió a pedir elecciones anticipadas, libres, justas y transparentes en Nicaragua.
La alta representante de política exterior de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, también condenó hoy la violencia en el país centroamericano y mostró la disposición del bloque europeo a «acompañar y apoyar» el dialogo nacional para superar el conflicto.
La UE espera «el fin inmediato de la violencia, la represión y las detenciones arbitrarias y que se respeten las libertades fundamentales», asegura Mogherini en una carta enviada al ministro de Exteriores nicaragüense, Denis Moncada.
La jefa de la diplomacia europea también pide que los autores de las muertes ocurridas desde el inicio del conflicto «sean enjuiciados» y que se desmantelen los grupos armados irregulares, en un comunicado emitido tras una reunión en Bruselas con los ministros de Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
También la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (OACDH) denunció la creciente violencia por parte del Estado en Nicaragua y expresó su preocupación por la persecución de activistas en el país.
«La violencia ha sido fundamentalmente perpetrada por el Estado y por elementos armados progubernamentales», enfatizó el organismo en un comunicado difundido en Ginebra, en el que especificó que la policía, elementos armados y otros grupos violentos han llevado a cabo las denominadas «operaciones de limpieza» en diferentes partes del país, quitando por la fuerza las barricadas erigidas por los manifestantes y las comunidades locales.
«La espantosa pérdida de vidas debe detenerse inmediatamente. Es imperativo que el Estado nicaragüense, que tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, garantice el derecho a la vida y la seguridad de la población, así como los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y adopte medidas concretas lo antes posible para terminar la crisis y encontrar una solución pacífica», exige la nota.
Según organismos de derechos humanos independientes, el conflicto se cobró ya la vida de 351 personas, la mayoría jóvenes, aunque el Gobierno solo reconoce 49 fallecidos. El proceso de diálogo, mediado por la Iglesia católica, se interrumpió en varias ocasiones y ahora mismo está suspendido.