OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) –
El presidente de la asociación ‘Unauto VTC’, el asturiano Jesús Lucio García Menéndez, ha aplaudido este martes la decisión de la Comunidad de Madrid de prohibir el uso de vehículos particulares para transporte de personas sin la correspondiente autorización administrativa, a través de la aplicación ‘Uber’.
«No cabe duda de que existen más contactos vía Internet que también ofrecen este tipo de servicio sin tener la cobertura legal», advierte el presidente de esta asociación, mayoritaria de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) en El Comité Nacional de Transportes.
Para Jesús Lucio García Menéndez, la actual situación atenta contra «las estructuras empresariales del sector». «Estamos obligados por el Gobierno español a pasar unos controles con el fin de garantizar a los viajeros un servicio con todas las coberturas tanto en vehículos como personal asalariado, no podemos tener una competencia paralela que no cumpla con los requisitos exigidos, a la hora de pedir responsabilidades la mayoría son insolventes», señala en declaraciones a Europa Press.
«Lo que nos indigna es que el Ministerio de Fomento no salga al paso de esta situación y sean las comunidades de Cataluña y Madrid las que tienen que dar la cara y plantear una regulación cuando esta prohibición debiera ser a nivel nacional, con fuertes sanciones para los infractores no sólo para estas aplicaciones sino para todo aquel que utiliza vehículos ilegales engañando a los usuarios», apunta.
Al respecto, advierte de que «bajo la oferta de un precio reducido captan clientes pero cuando surge un accidente no adquieren ningún tipo de responsabilidad ya que los vehículos que utilizan son de valor reducido y además la mayoría son insolventes».
«Desde Unauto VTC solicitamos al Ministerio de Fomento que utilice los medios a su alcance para que toda persona, empresa o mediador que realice practicas de transporte de personas de servicio público o discrecional se ajuste a la LOTT, (Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres), de lo contrario que se apliquen las sanciones propuestas por las comunidades de Cataluña y Madrid con el fin de erradicar esta competencia desleal y peligrosa para los usuarios», concluye.