El Gobierno del Principado de Asturias ha dado un nuevo paso en su apuesta por el respeturismo con la aprobación del decreto que regula las viviendas vacacionales y de uso turístico. La norma persigue un triple objetivo: elevar la calidad de la oferta, favorecer la convivencia entre visitantes y población local y combatir prácticas ilegales. El cambio legislativo se enmarca en la estrategia del Ejecutivo para preservar el modelo del paraíso natural, basado en la calidad, el equilibrio y el respeto al territorio y a los valores ambientales de la comunidad.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, presentó en enero en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) la nueva campaña de promoción de Asturias, centrada en el concepto de respeturismo, una palabra que combina respeto y turismo. Bajo el lema Únete al respeturismo: Asturias te espera, Llamedo insistió en la necesidad de proteger los rasgos del modelo turístico del Principado, alejado de la masificación y de la degradación de los recursos naturales y culturales.

El decreto aprobado ahora por el Consejo de Gobierno comparte esos mismos objetivos. La norma, que desarrolla la reciente reforma de la Ley de Turismo, responde a la evolución del mercado y al aumento de alojamientos gestionados a través de plataformas digitales. Además, incorpora una dimensión social relevante, ya que está diseñada para facilitar el derecho a la vivienda. Para ello, fija requisitos claros, procedimientos transparentes y mecanismos de control que suponen avances significativos.

Principales novedades del decreto

La norma entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) y recoge las siguientes medidas:

Publicidad. Las viviendas turísticas deberán incluir su número de signatura del Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado y su localización exacta en cualquier tipo de publicidad o plataforma de comercialización.

Normas internas. Los alojamientos deberán facilitar información sobre normas internas, accesos, condiciones de uso, contactos de emergencia (policía, 112, bomberos y servicios sanitarios), horarios de entrada y salida y precios.

Recepción. Se exige un servicio de recepción presencial o a distancia. No se permitirá la entrega de llaves mediante cajetines o sistemas similares ubicados en la vía pública.

Estándares de calidad y seguridad. La normativa fija requisitos precisos, entre ellos:

• Un baño por cada cuatro plazas.
• Límites de ocupación por superficie, con un máximo de ocho plazas.
• Botiquín.
• Extintor de 6 kilos de polvo ABC por planta.
• Conexión a internet o teléfono, salvo en zonas sin cobertura.
• Plano de evacuación y señalización de salidas.
• Sistema de monitorización de ruido.

Servicios. Los alojamientos deberán ofrecer reparación y mantenimiento, limpieza diaria (excepto cocina y menaje) y cambio de lencería cada cuatro días. También deberán proporcionar información turística sobre el entorno.

Plazos de adaptación. Se establecen dos tramos: doce meses para cumplir la ratio de baños y las superficies mínimas, y seis meses para el resto de requisitos.

Suspensión de la actividad. El decreto detalla los plazos de suspensión por incumplimiento, que van de seis meses a cuatro años. Entre las causas figuran la falta del certificado de la comunidad, la ausencia de seguro de responsabilidad civil, el incumplimiento de habitabilidad o seguridad o la falsedad en la declaración responsable.

Coordinación con entidades locales. Se reconoce el papel clave de los ayuntamientos, especialmente en materia urbanística, para establecer limitaciones por razones de interés general. También se prevé la firma de convenios para ofrecer asesoramiento, formación técnica y medidas de simplificación.

Menor burocracia. En el proceso de comprobación posterior a la declaración responsable, el Principado solicitará al ayuntamiento un informe sobre los requisitos de su competencia y verificará la existencia de las cédulas de ocupación cuando sean necesarias. Así, la persona titular solo deberá aportar la documentación relativa al resto de requisitos.

La norma, elaborada en un proceso de diálogo con el sector turístico, los ayuntamientos y la ciudadanía, refuerza el modelo de turismo sostenible que defiende Asturias.