La Agencia Tributaria ha lanzado en el día una gran operación a escala nacional contra el fraude fiscal en el sector del comercio mayorista de frutas y hortalizas. La operación, denominada ‘Carpo’, supone el desarrollo a lo largo de esta jornada de un total de 75 entradas en otros tantos locales distribuidos en 13 comunidades autónomas, y el inicio de inspecciones a 80 contribuyentes -62 sociedades y 18 personas físicas socios y administradores de las sociedades investigadas- vinculados con estos locales, que en su mayoría se encuentran en mercados centrales.
El dispositivo desplegado por la AEAT afecta a locales situados en Andalucía (11), Aragón (5), Asturias (2), Baleares (1), Canarias (6), Cantabria (1), Castilla y León (3), Extremadura (2), Galicia (11), Madrid (14), Murcia (3), La Rioja (1) y Comunidad Valenciana (15), requiriendo la participación de más de 430 funcionarios de la Agencia y apoyo policial para realizar con seguridad las entradas. El operativo, a su vez, se ha ampliado a País Vasco y Navarra mediante la acción coordinada de sus Haciendas Forales.
Uso de ‘software’ de ocultación de ventas
Las actuaciones de entrada se han iniciado a primera hora de la mañana de hoy con la personación de la Inspección Tributaria y sus Unidades de Auditoría Informática (UAI) en los locales de las sociedades investigadas con el fin de acceder directamente a su documentación e información contable o auxiliar real, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información y los datáfonos utilizados.
Los investigadores de la Agencia Tributaria cuentan con indicios que les llevan a pensar que varias de las sociedades afectadas por la operación Carpo han utilizado, para facilitarse la ocultación de parte de sus ventas, programas informáticos cuya finalidad última es la manipulación de las ventas reales, suprimiendo la totalidad del importe de una transacción o modificando su importe.
En el sector del comercio al por mayor de frutas y hortalizas, como en otros anteriormente, también se ha detectado la existencia de ‘software’ de ocultación de ventas, programas que serán prohibidos con la puesta en marcha del nuevo paquete de medidas antifraude, actualmente en fase de anteproyecto de ley.
Para la detección de estos programas, que dificultan el conocimiento de la actividad real desarrollada por las sociedades, está teniendo gran importancia la colaboración ciudadana por medio de las denuncias tributarias orientadas a este fin.
Antecedentes
La operación Carpo tiene un antecedente relevante en la denominada operación ‘White’, desarrollada en febrero de 2016 en locales de venta de pescado situados en el Mercabarna de Barcelona. Aquellas actuaciones inspectoras dieron lugar a un efecto inducido inmediato, de manera que los importes ingresados por los contribuyentes inspeccionados crecieron un 37%, mientras que otras sociedades dedicadas al comercio al por mayor de pescado y con presencia en el mismo mercado central, pero que no habían sido objeto del operativo, llegaron incluso a un incremento de importes ingresados del 62%.
Cobro en efectivo desproporcionado
En el caso de las investigaciones previas que han dado lugar a la operación Carpo, el análisis de las sociedades afectadas puso de manifiesto que presentan una proporción de cobros en efectivo muy superior a la media del sector mayorista de fruta, y que, en algunos casos, supera el 80% del total de las ventas. La utilización de esta forma de cobro facilita la ocultación de las ventas reales, dada la dificultad de seguimiento del dinero en efectivo.
A su vez, los investigadores detectaron que los márgenes de explotación en estas sociedades eran significativamente inferiores a lo normal en el sector, presentando en algunos casos, incluso resultados negativos permanentes a lo largo de varios ejercicios. Otros indicios de capacidad económica observados en los administradores, autorizados en cuenta o socios de estas empresas, incompatibles con las rentas declaradas por estas personas físicas, influyeron también decisivamente en la selección de los objetivos a comprobar.
La operación ‘Carpo’ ha sido coordinada por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria, contando con la participación de 299 funcionarios de la Inspección, incluyendo el personal de las UAI, así como con el apoyo de agentes policiales y 133 funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.
Relevancia de las macrooperaciones sectoriales
Estas actuaciones se enmarcan en la lucha contra la economía sumergida que sigue siendo un objetivo prioritario de la Agencia Tributaria, tal como establecen las Directrices Generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018. En esta labor resulta clave la participación de las Unidades de Auditoría Informática.
El volumen de cuotas descubiertas en el marco de actuaciones de las UAI es significativo. Desde 2014 hasta ahora se han liquidado cuotas tributarias por importe de más de 1.300 millones de euros tras actuaciones por personación con participación de las UAI (214 millones en lo que va de 2018), a través de casi 17.000 actas de inspección (más de 3.600 en lo que va de 2018).
De ellas, destacan especialmente las actuaciones realizadas en el marco de las 15 macrooperaciones coordinadas a nivel nacional desarrolladas en los últimos años (sin contabilizar aún la operación Carpo), con más de 1.190 expedientes iniciados, de los cuales se han finalizado ya 659 con un importe total liquidado de 131,8 millones de euros.
Estas actuaciones coordinadas, además de facilitar la detección y regularización del fraude fiscal, persiguen adicionalmente dos objetivos de gran interés para la Agencia Tributaria. Por un lado, contrastar con hechos y pruebas el funcionamiento sectorial, disponiendo de información sobre las ratios reales, la estructura de costes, los medios de cobro, etc; por otro, transmitir a los colectivos involucrados en estas prácticas un mensaje disuasorio para que, en su caso, reconduzcan sus actividades hacia el correcto pago de las obligaciones tributarias.
En este sentido está previsto efectuar un seguimiento de su comportamiento posterior. La Inspección dirigirá preferentemente su actuación sobre aquellos contribuyentes cuyas bases imponibles, en proporción a su actividad, sean sensiblemente inferiores a las medias observadas en el sector.