La diputada de IU responsable de Sanidad, Marta Pulgar, como ya adelantó el pasado mes de julio, votó esta mañana a favor del dictamen de la Comisión de Listas de Espera, que incluye una gran parte de las 35 enmiendas formuladas por la coalición, con el objetivo de que “estas medidas que se incluyen en el mismo constituyan un impulso para su aplicación en la sanidad asturiana”. La diputada recordó que, desde un inicio, IU tuvo claro que el trabajo a realizar en la misma, además de buscar responsables de la ausencia de datos sobre listas de espera, consistía principalmente en buscar propuestas de mejora, proponer medidas claras que afecten directamente al ciudadano y aporten soluciones globales y sostenidas en el tiempo.
A juicio de la diputada de IU, la coalición apuesta por cambios estructurales en el modelo sanitario, con la definición estratégica de medidas de un plan contra las listas de espera desde punto de vista estructural, no solo de medidas puntuales que son ineficaces a los largo del tiempo. Para Pulgar es “ importante trabajar en potenciar la atención primaria, en mejorar la coordinación de los distintos niveles asistenciales, en mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos para dar calidad y estabilidad a los sanitarios, que son fundamentales en el sistema, y por la mejora de la participación ciudadana a través del dispositivo de control de las listas de espera. “Creemos que supondrá un cambio en las listas desde una perspectiva global y sostenida en el tiempo”, explicó al término de la comisión. El dictamen, que contó con los votos a favor de todos los grupos excepto el PSOE, será elevado a pleno a principios del mes de octubre.
El dictamen aprobado hoy establece dos bloques de responsabilidades respecto a las listas de espera. El primero de ellos se refiere al periodo de junio de 2014 a octubre de 2015 en el que no se publicaron las listas de espera para consultas y pruebas diagnósticas. El Consejero Faustino Blanco y el gerente del Sespa, Tácito Suárez, son, a juicio de los diputados los máximos responsables políticos de no publicar “unos datos que no eran favorables al Gobierno y no por motivos técnicos como argumentaron”, relata el dictamen. El segundo de ellos hace referencia a la ausencia actual de datos referidos a las entradas en registro, los tiempos de espera real o espera media de los pacientes atendidos en un periodo de las listas de consultas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos, ni la demora media prospectiva. La responsabilidad, en este caso, de “los incumplimientos e irregularidades en materia de transparencia” es del actual Consejero Francisco del busto y del gerente del Sespa, José Ramón Riera, añadida a la de la incorrecta gestión de las derivaciones quirúrgicas que en el caso de rechazos, podría llevar a la pérdida de la prioridad en la lista.