Marta Pulgar, diputada de IU en la Junta General, defendió esta mañana el voto particular del grupo ante el dictamen de la Comisión de Investigación del ERA (Establecimientos Residenciales Asturianos) realizado por el grupo parlamentario de Podemos, un informe que considera “predeterminado”, “interesado” o en algunos apartados un “despropósito”. La diputada de IU incidió reiteradamente en que la principal función del ERA es una función social y así consta desde su creación en 1991, pese a que el dictamen lo obvia, y también en el respeto de IU por los afectados por las liquidaciones, herederos y familiares. El dictamen fue aprobado con los votos de Podemos, PP y Ciudadanos y el rechazo de PSOE, IU y Foro.
La diputada de IU considera que el informe final redactado no hila hechos concretos con responsabilidades individualizadas, lanza un halo de sospecha sin acreditar y arroja una imagen del ERA de absoluto caos, obviando las explicaciones de los comparecientes, sin contextualizar los hechos en momentos concretos y en su contexto estatal.
Pulgar advirtió que el dictamen apenas tiene utilidad en la medida en que es incapaz de hilvanar un hilo mínimamente coherente respecto al control del Gobierno, no parte de una relación de hechos irregulares fehacientemente acreditados, sino que se fundamenta solo en cuestiones meramente administrativas, y por tanto, resulta casi imposible atribuir reproches concretos a los distintos responsables políticos; denota un afán por extender una mancha de sospecha lo más amplia posible, convierte los trabajos de la comisión en un ejercicio de testimonialismo más bien pobre; denota el empecinamiento por refutar una tesis preconcebida que ha vaciado los trabajos desde el principio. A su juicio, no se trató de investigar para llegar a conclusiones, sino de agarrar cualquier cosa, da igual si sesgada o fuera de contexto, para avalar un relato previamente expresado por algunos miembros de la comisión, llegando incluso a tapar los oídos ante cualquier testimonio contrario a los prejuicios establecidos y cerrando los ojos si aparece algún tipo de mejora o logro alcanzado; no menciona, ni siquiera, los instrumentos que ya se han puesto en marcha para buscar soluciones a la problemática objeto de análisis y que han cambiado significativamente la situación. Es, además, “un peligroso ejercicio en tanto se causa descrédito a una institución pública cuya reputación debe salvaguardarse, salvo que lo que se pretenda sea sacralizar lo privado y abonar el camino a la privatización”.
En el dictamen referido, redactado por Podemos se invisibilizan, a juicio de IU, todas las aportaciones de los comparecientes referidas a todo lo referido al periodo 2001-2007, sin motivo explicado; las referencias a mejora introducidas o cambios en la gestión para resolver o minimizar problemas que jamás se tienen en cuenta; desaparece cualquier referencia a los fallos del sistema de la dependencia provocados por la falta de un criterio estatal o por decisiones del ámbito del Gobierno Central, a pesar de su influencia en los problemas que acontecen en todas las comunidades autónomas; nada se concluye en relación a la gestión social, dada la obsesión por el análisis de los procedimientos meramente administrativos; se obvia la revisión de oficio ya planteada que está incidiendo en la reparación de los perjuicios; se evita señalar que en cada periodo concreto se aplicó la normativa vigente, como no podía ser de otra manera, y ello explica muchas de las actuaciones realizadas desde la esfera pública.
Sobre las consideraciones que el dictamen realizado por Podemos que pide responsabilidades a todos los consejeros bajo cuyo mandato estuvo el ERA, salvo a los del PP, la diputada de IU considera que se trata de un “despropósito” al no establecer la menor conexión entre los hechos relatados, que no acreditados, y las personas a quienes se pretende exigir responsabilidades. Cualquier Dictamen de un mínimo de seriedad y rigor que señale responsabilidades políticas, debe hacerlo a partir de la constatación de relaciones de causalidad explicitas entre hechos concretos y decisiones u omisiones acontecidas bajo la responsabilidad de un cargo político concreto. No es el caso de este dictamen que, a partir de una suma de hechos y creencias deslavazados, establece la responsabilidad política de todas las personas titulares de la Consejerías a la que se encontraba adscrito el ERA desde hace lustros. Todas sin excepción y sin explicación alguna.
Afirma literalmente su segundo párrafo que “De los hechos se deducen deficiencias en la gestión y, concretamente, en el período desde la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia” A pesar de este tenor literal, se pretende responsabilizar a personas que en esa fecha ya habían cesado en sus puestos o cuyo cese se produjo poco después, sin tiempo material para tomar decisiones relacionadas con la aplicación en Asturias de dicha Ley.