(EUROPA PRESS) Izquierda Unida ha presentado este miércoles una moción de censura para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social con el objetivo de afrontar las reformas legislativas necesarias para frenar la caída de los salarios. Asimismo, la formación política solicita que se recupere el poder adquisitivo perdido por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de forma inmediata y concretar una estrategia que permita en cinco años situarlo en el 50% de la renta media.
En nota de prensa, IU ha propuesto la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para dejarlo en la media del salario medio, con lo que se alcanzarían aproximadamente los 1.000 euros al mes. Esta medida, según ha explicado el senador de IU Jesús Iglesias, permitiría una «reactivación de la economía al favorecer mayor renta disponible a las familias».
Del mismo modo, ha asegurado que este incremento permitiría reducir la brecha con otros países de la eurozona ya que a su juicio, están «muy por encima de España» en lo referente a los sueldos de sus ciudadanos. Respecto al SMI, se ha producido una «clara pérdida del poder adquisitivo».
Por todo ello, IU pide además de una revisión de la reforma laboral, que se aborde un plan de actualización del SMI hasta el 50 por ciento del salario medio, situándose en un ratio similar al de Francia. Según ha señalado el senador, la subida «supondría convertir en mileuristas a quienes perciben el SMI».
«EL FUTURO DEL CARBÓN SE COMPLICA»
Por otro lado, IU considera que «el Gobierno ha renunciado a cualquier compromiso para garantizar el cumplimiento del plan de la minería 2013/2018». Asimismo considera que «fía a las térmicas el uso del mineral autóctono, cuya quema se queda muy por debajo del 7,5 por ciento pactado dentro de las previsiones del mix energético nacional».
A su juicio, «el Gobierno está dejando de marear la perdiz y está reconociendo que la minería carbón autóctono, está alcanzando sus últimos objetivos que han sido, siempre, el cierre sector». Del mismo modo, considera que las previsiones para 2015 «no son mejores ni en cuanto a consumo del mineral extraído en España ni en lo concerniente a las inversiones de las centrales térmicas para la reducción de emisiones para su adaptación a las nuevas normativas medioambientales».
Según Iglesias, en estos momentos las compañías pueden usar «dos vías para burlar estas exigencias, una mediante la medición total anual de emisiones y otra, acogiéndose a una regulación de exención por vida útil de la planta, con el horizonte del 31 de diciembre de 2013. A día de hoy, las empresas se han acogido a ambas vías de escape y lo único que el Gobierno impondrá es la elección de una u otra».
El senador considera que «el futuro del carbón se complica porque el Gobierno no está dispuesto a poner en marcha medida alguna para lograr el cumplimiento del plan 2013/2018». Por todo ello, ha criticado la «pasividad del Gobierno para garantizar la participación del carbón nacional en el mix energético».
Según el senador, no deja de ser «sorprendente» que el Ejecutivo «hable de forma constante de la legalidad y, al tiempo, se declaren insumisos con el fallo judicial que les obliga a cumplir los compromisos de los fondos mineros». Respecto a esta cuestión, el parlamentario reclamó un «claro posicionamiento del Gobierno de Asturias para reclamar los fondos comprometidos».
Por su parte, el responsable de industria de IU, Maximino García, ha arremetido contra «la falta de compromiso del Gobierno de España con el carbón» ya que en su opinión, «cierra las puertas a cualquier posibilidad de futuro de la minería». Para el responsable de Industria de IU es «imprescindible la tutela por parte del Estado de la producción de energía como un sector estratégico para España».