Izquierda Unida presentó hoy sus alegaciones al borrador de Estatuto para los grandes consumidores electrointensivos, al entender que el texto no da una respuesta satisfactoria a las necesidades de la industria asturiana. El diputado autonómico Ovidio Zapico exigió al Gobierno de Pedro Sánchez esta mañana, frente a AZSA –una de las empresas con mayor consumo eléctrico-, que rectifique de forma urgente esta propuesta. Y es que, la redacción actual denota, según Juan Ponte, número dos de la lista de Unidas Podemos al Congreso, que el ejecutivo socialista central se comporta como un “Gobierno de papanatas”, obedeciendo “a pies juntillas” las políticas de reducción de emisiones de C02 que establecen precisamente los mismos países que en estos momento son los responsables del 60% del total emitido.
Las alegaciones de IU tienen como primer eje la distinción entre la industria electrointensiva y la híperelectrointensiva, como pueden ser AZSA, Alcoa o Arcelor, que deben tener un tratamiento especial en la subasta para evitar penalizarlas; además, se plantea el fomento de contratos bilaterales entre administradores y consumidores, favorecer exenciones y reducciones en los peajes y, junto a todo ello, dotar de un marco estable a la subasta de interrumpibilidad. Son medidas, enfatizó Ovidio Zapico, que pueden garantizar el futuro de la industria y un ”seguro” para la venta de Alcoa.
Ovidio Zapico, número dos de la lista de IU a la Junta General del Principado, aprovechó la ocasión para rechazar las llamadas a un supuesto voto útil reivindicado de forma “cansina” por miembros de la Federación Socialista Asturiana (FSA), al tiempo que criticó la “palabrería fácil” que ha venido a sustituir un cambio real en las políticas que están poniendo en riesgo el tejido productivo asturiano. “Voto útil para qué: ¿para una transición energética exprés, voto útil para un borrador de estatuto de la industria electrointensiva en esta dirección? O voto útil para quién: ¿para una ministra, Teresa Rivera, que ha sido nefasta para Asturias en sus meses de Gobierno o para un secretario de Estado de energía que yo creo que tenía que ser fulminantemente cesado después de las declaraciones que sobre la minería hizo ayer?, reprochó Zapico quien, añadió, que a su juicio ese no es, precisamente, el “voto útil que necesitan los trabajadores asturianos, que no es el voto útil que necesita la izquierda en definitiva en Asturias”.
Juan Ponte reivindicó un cambio de modelo energético pero con sensatez. “IU es una fuerza ecologista que vela por el cumplimiento de los Acuerdos de París, que lucha como no puede ser de otra manera contra el cambio climático; que apuesta por la reducción de las emisiones de CO2 y defiende un modelo económico que tenga como sustento fundamental las energías renovables, pero la necesaria transición energética ha de ir acompasada con la creación de un tejido industrial y económico que garantice el bienestar de las personas”, afirmó el candidato para añadir que es justo lo que en estos momentos está ocurriendo en Asturias. De hecho, enfatizó, en la Comunidad Autónoma se está en un proceso de desmantelamiento industrial, con la consiguiente pérdida de empleo sin que se haya creado ninguna alternativa ni laboral ni social.
“El borrador del estatuto de la industria electrointensiva puede ser la puntilla definitiva al completo desmantelamiento de nuestro esqueleto industrial: ante los abusivos cotes eléctricos, la sola reducción de 2 euros el megavatio hora que plantea el Gobierno nos parece una tomadura de pelo”, zanjó Ponte, quien reclamó la puesta en marcha del artículo 128 de la constitución, según el cual, la riqueza del país debe estar subordinada al interés general. Pero, ante esto, explicó, “al PSOE le tiemblan las piernas”.
También estuvo en la presentación de las alegaciones la alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero, y la secretaria de Política Municipal de IU, Gabriela Álvarez. Para la regidora, es indispensable que se revise el estatuto ya que, de otra forma, empresas como AZSA estarían en un riesgo cierto por el incremento de los costes eléctricos. Del mismo modo, Álvarez explicó que se había puesto en marcha una campaña de posicionamiento institucional en los Ayuntamientos dirigida a recabar apoyos que planten cara al borrador impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez.