El 1 de enero las 26 explotaciones de Asturias, Aragón y Castilla y León que quedaban en España -de las que 12 estaban en producción- se clausuraban, salvo tres. En realidad, en noviembre pasado ya solo había 2.046 trabajadores en la minería del carbón, frente a los 51.420 que había en 1985. Ello como consecuencia de que el día 31 de diciembre en España se cumplía a rajatabla la Decisión 787/2010 de la Unión Europea (UE); y consecuencia muy dramática, por ejemplo, en Asturias se cerraban casi en su totalidad las minas en las que aún había actividad extractiva de carbón. Por lo que en Asturias continúa activo exclusivamente el pozo Nicolasa.
Solo dos compañías mineras en España podrán seguir operando. Hijos de Baldomero García –empresa de El Bierzo (León), con 25 empleados, y Samca –en Teruel que tiene 150 trabajadores–. Además de estas dos empresas privadas, la sociedad pública Hunosa (que tiene un millar de mineros aún en Asturias) seguirá operando un pequeño pozo que no ha recibido ayudas públicas europeas.
La decisión ha puesto aún más de manifiesto la gravedad de las consecuencias económicas y sociales que conlleva. Consolida el olvido social de las cuencas mineras, abandonadas a su suerte sin que se haya construido un tejido económico alternativo para los habitantes y las comarcas afectadas por los cierres. Se necesita un plan concreto de regeneración económica y reindustrialización.
La primera consecuencia negativa de los cierres de minas es para las regiones mineras, entre ellas Asturias. En esta comunidad el progresivo cierre de las minas, y de otras industrias, lo primero que ha supuesto ha sido el despoblamiento, agudizado en las zonas mineras de Asturias, que ha llevado, solo en los últimos 20 años, a perder un 20% de habitantes. Incluso la población inmigrante también ha descendido en años recientes hasta llegar al 4%, lo que significa uno de los porcentajes más bajos de España.
La segunda consecuencia ha sido la destrucción del tejido productivo en las cuencas mineras. De hecho, las minas asturianas llegaron a dar empleo a más de 25.000 trabajadores. A finales de 2018 solo unos cientos trabajaban en las tres minas que funcionaban. En la última década las dos comarcas asturianas -del Nalón y del Caudal- han perdido un 21% del empleo y el paro se ha incrementado un 36%. Hay que tener en cuenta que ha conllevado también el cierre de empresas auxiliares, o dependientes de la producción minera, así como las de servicios de toda índole.
Sin la creación de nuevos puestos de trabajo en otros sectores productivos, no solo las comarcas mineras sino toda Asturias ha perdido, incluyendo otros ramas industriales, del orden de 75.000 puestos de trabajo en la última década, y el porcentaje de empleados solo llega al 44%, el segundo más bajo del país. Situación paliada, sólo en parte, por las prejubilaciones tempranas que han permitido ingresos relativamente elevados durante estos años a miles de familias, actuando como colchón para amortiguar el desierto económico de estas comarcas.
La minería del carbón en toda España, y de forma especial en Asturias, lleva 25 años condicionada por la política restrictiva y liquidadora impuesta por la Unión Europea (y ejecutada sumisamente por los diferentes gobiernos españoles del PSOE y PP). Los dos últimos planes impuestos desde Bruselas, Plan de la Minería 1998-2005 y el Plan de la
Minería 2006-2012, supusieron para Asturias la destrucción de casi 10.000 empleos directos, 30.000 indirectos y otros 50.000 inducidos.
Sin embargo no debería ser así. La transición de un sistema basado en el carbón a uno basado en fuentes energéticas no contaminantes, para que sea de verdad justa supone construir simultáneamente un tejido económico alternativo para los habitantes y las comarcas afectadas.
El fracaso de los Fondos Mineros
Los Fondos Mineros aprobados en los Planes de la Minería han sido un completo fracaso. No han cumplido con el papel para el que fueron creados: la reindustrialización de las comarcas mineras y la generación de empleo alternativo. Los sucesivos gobiernos de Madrid y autonómicos del PSOE-PP han enterrado 6.500 millones de euros de los Fondos Mineros en proyectos inservibles para regenerar el tejido productivo. 3.120 millones del primer Plan, y 3.330 millones del Plan de 2006-2012 que no han servido para la regeneración económica de las zonas afectadas.
La gestión de esos fondos por los sucesivos gobiernos central y autonómico han puesto más hincapié en garantizar las rentas pasivas -la subvención del cierre de pozos y las prejubilaciones incentivadas impuestas desde Bruselas- y la utilización política de los recursos, que en transformar de verdad las estructuras económicas de las comarcas mineras, generar nuevas industrias y alternativas de empleo y estabilidad a largo plazo.
La reindustrialización ha sido únicamente imaginaria; la generación de empleo, prácticamente inexistente. Las inversiones en infraestructuras de comunicaciones y parcheo de carreteras, establecimientos hosteleros, polideportivos sin uso, recuperación del medio ambiente, polígonos industriales huérfanos de empresas, propaganda y promoción, están a la vista pero no han conseguido el objetivo buscado. En muchas ocasiones se han utilizado para inversiones que las administraciones debieran haber hecho con sus propios presupuestos. Las consecuencias han sido devastadoras.
Sí se puede transformar la situación
Se puede regenerar económicamente las cuencas mineras con planes de reindustrialización y desarrollo de nuevas actividades económicas en función de las potencialidades de las comarcas mineras, vinculando a estas nuevas actividades los planes de formación y cualificación de los trabajadores. Unos planes que tienen que plantearse dentro de un plan general de desarrollo económico de Asturias, que también promueva la diversificación de actividad productiva ligada al desarrollo del mundo rural con el aprovechamiento forestal sostenible, y frutos silvestres y apicultura, incluyendo la creación de cooperativas en el sector ganadero.
Dentro de la diversificación de la actividad económica se deberían crear empresas transformadoras de los productos agrarios como la fabricación de envases o de conservas de pescado. Y, por supuesto, potenciar la industria del sector de las energías renovables, que permitiría, por ejemplo, la producción de paneles solares para toda España.
Eduardo Madroñal Pedraza