Berlín/Bonn, 20 jun (dpa) – Sólo 18 votos marcaron la diferencia. A las 21:48, tras más de diez horas de debate y un centenar de discursos se tomó la decisión: el Parlamento y el gobierno alemán se mudarían de Bonn a Berlín.
El entonces canciller alemán, Helmut Kohl, se mostró sumamente satisfecho aquel 20 de junio de 1991 y más aún su ministro del Interior, Wolfgang Schäuble, cuya alocución resultó decisiva. La gente de Bonn, por el contrario, quedó consternada.
«Hoy no se trata de Bonn o Berlín, sino de el futuro de todos nosotros, del futuro de nuestra Alemania unificada», advirtió Schäuble a los diputados.
Poco antes de su discurso, una ajustada mayoría de los diputados de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y del Partido Socialdemócrata (SPD) estaba a favor de mantener a Bonn como sede de Gobierno y del Parlamento.
La ciudad había sido elegida en noviembre de 1949, cuatro años después de la Segunda Guerra Mundial, como sede provisional hasta que cambiase la situación en la Alemania ocupada por los aliados y Berlín pudiese volver a ser capital.
La ciudad a orillas del Rin se impuso entonces a Fráncfort a instancias de los democristianos del primer canciller de República Federal de Alemania, Konrad Adenauer. Pero más de un año después de la caída del Muro de Berlín, el estado de cosas ya no era el mismo.
Los defensores de mantener a Bonn como capital alegaban que la ciudad era símbolo del renacer democrático alemán tras la guerra, mientras Berlín representaba el pasado fascista y prusiano.
Dijeron que los miles de millones podrían ser invertidos en ayudar a levantar el antiguo este comunista y que unos 100.000 puestos de trabajo en Bonn estaban en juego.
Los defensores del traslado, por su parte, recordaron la promesa hecha en 1949 de devolver el estatus de capital a Berlín y argumentaron que sería una señal de esperanza para la gente en el este del país.
Lo que no decían los diputados pero que mucha gente pensaba era que Bonn era un micromundo en el que todos se conocían y en el que mediaba muy poca distancia entre los periodistas y los políticos. Berlín, por el contrario, implicaba cambiar de aire y abrirse al mundo.
Berlín ganó. De premio de consolación y como seguro de vida le llegó a Bonn la llamada «ley Bonn-Berlín» de 1994 que estipulaba que la mayor parte de los puestos de trabajo de los ministerios permanecerían en la ciudad federal de Bonn.
Las cosas cambiaron un poco a partir de 2008, nueve años después de la mudanza, que tuvo su punto culminante con la reapertura del edificio del Reichstag como sede del Parlamento en 1999.
A través de una nueva ley, el porcentaje de los puestos de trabajo en Bonn fue mermando en favor de Berlín. A modo de compensación, el Gobierno consiguió que muchas organizaciones internacionales se instalaran en la llamada «ciudad federal», incluidas 18 dependencias de la ONU, entre ellas la Secretaría del Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés).
«En realidad se trata del futuro de Alemania», dijo Schäuble en 1991, no de puestos de trabajo, costes de mudanza o viáticos. Lo que entonces sonaba muy bien, hoy es una realidad que demanda gastos y causa polémicas.
Especialmente cuando se vuelve a publicar un informe oficial al respecto. El más reciente fue presentado en marzo y señala que la doble sede de gobierno le costará este año a Alemania unos 7,5 millones de euros (8,4 millones de dólares).
El Partido La Izquierda demandó poner fin a la de la doble sede de gobierno. La principal agrupación opositora afirma que no los costes no están justificados y que los numerosos viajes dañan el medio ambiente, y propuso que los ministerios se trasladen por completo a Berlín hasta 2020.
También la Asociación de Contribuyentes Alemanas exige el tralado completo del gobierno desde hace años.
El Gobierno, por su parte, reconoce y es consciente de la situación. «Las cosas no quedarán como están», admitió la ministra de Medio Ambiente y Construcción, Barbara Hendricks, quien presentará un informe antes de fin de año con todos los datos actualizados.
Pero Hendricks no tiene vía libre porque se debe atener al acuerdo de coalición firmado por democristianos y socialdemócratas para formar el actual gobierno de la canciller Angela Merkel, que dice: «Respaldamos la ley Bonn-Berlín. Bonn continuará siendo el segundo centro de la política federal». El acuerdo tiene aún vigencia, por lo menos hasta las próximas elecciones generales en septiembre de 2017.
Por Teresa Dapp