El Gobierno de Asturias exigirá al Ejecutivo de Mariano Rajoy que la reforma de la Ley del Registro Civil respete la actual implantación territorial de los juzgados de paz, con el fin de garantizar un servicio público que se presta a más 200.000 asturianos. Así lo ha asegurado hoy el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, durante su visita al juzgado de paz de Carreño, donde ha asegurado que, además de las mejoras tecnológicas y organizativas previstas, esta reforma “debe velar por el manteniendo de estos órganos judiciales en su actual configuración y con las mismas competencias y la estrecha vinculación que tienen con los ayuntamientos”.
Martínez ha advertido de que el necesario proceso de modernización de la Administración de Justicia “no debe hacerse a costa de poner en riesgo el mantenimiento de un servicio público fundamental para Asturias”, sobre todo en los municipios de menor tamaño donde no existen oficinas del Registro Civil. Los 60 juzgados de paz con los que cuenta Asturias permiten tramitar asuntos tan esenciales como la expedición de certificados, partidas de nacimiento o fes de vida. Además, como ha recordado el titular de Presidencia, desempeñan un importante papel en materia de conservación y custodia de documentación histórica gracias a los libros del registro, que datan de 1871 y contienen el patrimonio humano de cada municipio, lo que los convierte en una institución de gran interés social.
El Principado ha defendido siempre la continuidad del Registro Civil como un servicio público, gratuito y cercano a la ciudadanía y, por tanto, la continuidad de los juzgados de paz como registros auxiliares o delegaciones ubicadas en los municipios rurales y con menor población. Para su mantenimiento, ha destinado 1,9 millones de euros en la última década, “una dotación que se distribuyó conforme al número de habitantes y que muestra el compromiso del Ejecutivo autonómico con los pequeños municipios de ámbito rural”, ha asegurado Martínez.
El consejero también ha justificado la defensa de la distribución actual de los juzgados de paz porque se trata de elementos de cohesión territorial en los municipios más afectados por fenómenos demográficos como la despoblación y el envejecimiento. En Asturias existen 36 órganos judiciales de este tipo en concejos de menos de 7.000 habitantes, parte de ellos integrados en agrupaciones de secretarias que dan servicio a más de un municipio. “Su continuidad es esencial para que los ciudadanos dispongan de servicios vinculados al Registro Civil sin necesidad de desplazamientos a poblaciones urbanas”, ha precisado.
Guillermo Martínez ha visitado hoy el juzgado de paz de Carreño junto con la directora general de Justicia e Interior, Encarnación Vicente; la alcaldesa del municipio, Amelia Fernández; el juez de paz del concejo, Juan Ramón García, y el presidente de la Asociación de Jueces de Paz de Asturias, Manuel Ángel López.