El consejero de Presidencia y portavoz del Principado, Guillermo Martínez, ha manifestado hoy la oposición del Gobierno de Asturias a las “contrarreformas judiciales del Ejecutivo central” que reducen a 147.808 euros la asignación a la prestación del servicio de justicia gratuita a los asturianos y asturianas, entre otras materias, y el proyecto de eliminación de los registros civiles de los diferentes concejos y su centralización en el Registro Mercantil de Oviedo. “El Gobierno de Rajoy discrimina a nuestra comunidad en la reforma de la administración judicial”.
Estos dos asuntos han sido abordados por el consejero de Presidencia en la Conferencia Sectorial de Justicia, en Madrid, que reunió hoy al titular del ministerio, Rafael Catalá, con los representantes de aquellas comunidades autónomas con competencias en materia judicial, como es el caso de Asturias. Guillermo Martínez ha precisado que estas “contrarreformas han cercenado derechos a la ciudadanía y abierto la puerta a una justicia de primera, para los que se la puedan pagar, y otra, de segunda clase, para aquellos que carecen de recursos”.
Dos son los puntos esenciales sobre los que Asturias ha incidido en la Conferencia Sectorial de Justicia: la distribución territorial del crédito para la implantación del programa de reforma de la Administración de Justicia., con un presupuesto global de seis millones para todas las comunidades, y el proyecto de ley sobre los registro civiles, que prevé su desaparición de los municipios y su concentración en las capitales de provincia.
De los seis millones, el Gobierno central ha asignado a Asturias 147.808 euros. “Aceptaremos el dinero”, ha anunciado el consejero de Presidencia, “pero desde luego es una cuantía absolutamente insuficiente para paliar los efectos de la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, como consecuencia de la aplicación de la Ley de Tasas impuesta por el Ejecutivo central”.
En el periodo 2013-2014, el Gobierno asturiano invirtió adicionalmente en el servicio de justicia gratuita 700.000 euros, mientras que ahora el Ministerio de Justicia ha destinado a Asturias 147.808 euros, un 20% de la partida financiada por el Principado. “Estamos de nuevo ante un trato discriminatorio; por un lado, en la prestación de un derecho esencial a los asturianos y asturianas y, por otro, a Asturias que ha tenido que correr en solitario con el mantenimiento del servicio de asistencia jurídica gratuita”, ha subrayado Guillermo Martínez.
Si ya la cantidad para Asturias es insuficiente, el Ministerio de Justicia va un paso más allá y propone que los 147.808 euros financien además la implantación de las nuevas tecnologías o la dotación de medios materiales para el funcionamiento de los juzgados y tribunales de nuestra comunidad. “Muchos objetivos para tan escaso presupuesto”, ha subrayado el Consejero de Presidencia, que ha añadido: “No queremos aguinaldos, queremos soluciones reales”.
El Gobierno del Principado ha realizado durante los últimos tres años una firme apuesta por el fortalecimiento del servicio de justicia gratuita, tanto en las partidas presupuestarias, como en la agilización de los pagos a abogados y procuradores que prestan este servicio a la ciudadanía. “Por eso reclamamos un esfuerzo proporcional del Gobierno de España al que realiza el de Asturias; es sólo cuestión de voluntad política y tener claro que hablamos de un servicio público esencial en un Estado de Derecho”, ha precisado Guillermo Martínez.
El proyecto de reforma de la Ley de Registro Civil es otro de los asuntos en los que el Gobierno de Asturias ha mostrado su oposición, al considerar que se produce su privatización encubierta y se elimina un servicio esencial presente en todos los municipios asturianos, que desaparecerá a favor de una única sede, el Registro Mercantil ubicado en Oviedo. “Esta centralización generará trastornos al resto de los asturianos y asturianas no residentes en la capital y penalizará un servicio que se fundamenta en su proximidad a la ciudadanía”, según el consejero portavoz del Principado.