El Gobierno de Asturias ya ha iniciado la tramitación del decreto que regulará la creación y funcionamiento del registro de grupos de interés del Principado -aquellos que desarrollan actividades de lobby-, y que obligará a modificar el plan normativo anual. El trámite ha comenzado hoy mismo con el procedimiento de consulta pública previa, según ha anunciado el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, durante su comparecencia en la Junta General.
La recién aprobada Ley 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, recoge en su artículo 52.1 que será la dirección general competente en materia de Participación Ciudadana la que cree el registro, que tendrá carácter público y será accesible a través del Portal de Transparencia de la Administración autonómica.
Se consideran grupos de interés las personas físicas o jurídicas y las organizaciones, cualquiera que sea su forma o estatuto legal, que se dedican profesionalmente, como todo o parte de su actividad, a influir en los procesos de elaboración de las políticas o disposiciones normativas, en su aplicación y en la toma de decisiones de la Administración, sus organismos y entes públicos, y las sociedades mercantiles y fundaciones en las que tengan participación mayoritaria o dominio efectivo.
El decreto regulará la organización y funcionamiento del registro de grupos de interés. Para inscribirse, será necesario aportar un código de conducta, identificando el nombre y datos de la persona que lo suscriba y de la entidad u organización que representa, así como los intereses, objetivos o finalidades que persigue su clientela. Ese código de conducta deberá incluir, como mínimo, los siguientes compromisos:
– No tratar de influir en la toma de decisiones de forma deshonesta.
– Proporcionar información completa, actualizada y fidedigna sobre sus actuaciones, reuniones con altos cargos, comunicaciones e informes. También la aceptación de que esa información se haga pública a través del registro de grupos de interés, en el Portal de Transparencia.
– Aceptar las medidas previstas en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el propio código de conducta.
– Un sistema de control y fiscalización.
Asturias será, tras Cataluña y Castilla La Mancha, la tercera comunidad en poner en marcha este registro.
Otras de las iniciativas recogidas en la Ley 8/2018, como el código ético o el plan estratégico de transparencia, tendrán que esperar a que un acuerdo de la Junta General -por 2/3 de sus miembros- permita el nombramiento de la persona que ocupará la presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano imprescindible en la elaboración de ambos documentos.
El procedimiento de consulta pública previa, que inicia la tramitación del decreto por el que se creará el registro, se puede consultar en el siguiente enlace
Acercar la gestión pública a la ciudadanía
El consejero de Presidencia ha destacado que la Ley de Transparencia supone un reconocimiento expreso al compromiso asumido por el Gobierno para acercar la gestión pública a la ciudadanía y promover la ejemplaridad como principio básico entre quienes ocupan responsabilidades en la Administración. En este sentido, desde septiembre de 2012, con la publicación del patrimonio del presidente y los miembros del Consejo de Gobierno -datos que sólo hacían públicos entonces otras cuatro comunidades-, el Ejecutivo ha llevado a cabo una intensa labor en materia de publicidad activa.
Así, en 2013 se creó el Portal de Transparencia, que muestra más de 121 bloques de datos, y en el que se han publicado las declaraciones de bienes, intereses y actividades de los integrantes del Ejecutivo.
También se han difundido los currículos de altos cargos y personal de confianza, incluidos la relación nominal, su grupo y nivel, del que solo informan dos comunidades; los contratos menores a partir de 1.500 euros, los gastos de viajes institucionales del presidente y los consejeros, la información sobre el parque móvil y la relación de bienes inmuebles, las listas de espera diagnósticas, los datos sobre calidad del aire en tiempo real y las encomiendas de gestión, convenios y subvenciones por cada consejería, entre otros.
Asimismo, se ha puesto en marcha un canal para la formulación de solicitudes del derecho de acceso a la información y se ha habilitado un portal de Gobierno Abierto, así como una web específica en materia de participación ciudadana.
Este compromiso del Ejecutivo con la transparencia y la dación de cuentas se constata, además, en la frecuencia con la que sus miembros se someten al control parlamentario.
El titular de Presidencia, que ha comparecido esta tarde para informar sobre los mecanismos de control de la ley de incompatibilidades, actividades y bienes de altos cargos, ha recordado que el Principado cuenta con una de las regulaciones autonómicas más completas y avanzadas en materia de transparencia y buen gobierno. “Es la norma más exigente en materia de publicidad activa para el sector privado; la única que establece un plazo de dos meses para la publicación de los saldos de las cuentas públicas del Principado, que prevé la creación de una Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción y un plan de prevención contra este problema”, ha valorado.