El Gobierno de Asturias está cumpliendo con las obligaciones que estipula la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en relación con la publicidad activa y el acceso a la información por parte de la ciudadanía e incluso difunde más datos de los que exige la norma estatal. Así lo ha asegurado hoy en el pleno de la Junta General del Principado el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, que ha cifrado en 113 los bloques de datos que están colgados en el Portal de Transparencia del Ejecutivo autonómico.
“Actualmente están disponibles cien más de los que eran públicos cuando se puso en marcha el portal en marzo de 2013, antes incluso de la aprobación de la normativa nacional en materia de transparencia”, ha destacado.
Martínez ha asegurado que la web recoge y actualiza regularmente datos relacionados con la información institucional, organizativa y de planificación, es decir, la referida a las funciones que desarrollan los sujetos afectados por la norma. También se publican en el portal planes y programas anuales, como la relación de plantillas, retribuciones, gastos de viajes, declaraciones de altos cargos, etcétera, al igual que directrices, instrucciones, acuerdos, circulares, proyectos de ley y proyectos de decretos legislativos.
Además, la información económica, presupuestaria y estadística, así como aquellas relacionada con las contrataciones, convenios, subvenciones e inventarios también es accesible para los ciudadanos.
Entre otros contenidos, el Principado difunde las listas de espera de pruebas diagnósticas, los informes de publicidad institucional, las encomiendas de gestión, convenios y subvenciones por cada consejería; las encuestas de calidad del Servicio de Atención Ciudadana, la relación de bienes inmuebles y los datos sobre calidad del aire.
El compromiso con la publicidad por parte del Ejecutivo no sólo se ha plasmado con la presentación del Proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que amplía a diez el catálogo de informaciones que se difundirá (siete bloques más que los regulados por la normativa nacional), sino también por la valoración que Transparencia Internacional ofrece de la Administración asturiana.
“Cumplimos con los trece indicadores de la ley estatal que este organismo toma como referencia para elaborar el Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas e incluso superamos la información exigible, al ofrecer datos a los que no obliga la norma, como la retribución del personal eventual, los gastos de viajes, el catálogo con el parque móvil y las declaraciones de bienes y actividades de los miembros del Consejo de Gobierno”, ha señalado el titular de Presidencia.
El Princiado ha creado, además, un registro de solicitudes de acceso y ha definido los requisitos para el desarrollo de una aplicación que lo gestione, con el fin de garantizar a los usuarios el derecho que fija la ley. Junto con este registro, otras acciones que se han llevado a cabo con el mismo objetivo son la coordinación entre todas las consejerías para establecer el procedimiento de resolución de las solicitudes recibidas, la publicación de una ficha de servicio en la sede electrónica de la Administración, enlazada desde el Portal de Transparencia para mayor facilidad; la definición de métodos para el seguimiento de las peticiones de información y la publicación, también en el Portal de Transparencia, de las resoluciones denegatorias íntegras y las de acceso parcial.
Ante la posibilidad de que sea necesario resolver posibles reclamaciones y conflictos sobre este derecho de acceso, el Principado suscribió en 2015 un convenio con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que estará en vigor hasta que la comunidad cuente con un órgano propio de resolución, cuya creación está recogida en el proyecto de ley elaborado por el Principado.
Formación de los funcionarios de Justicia
Por otra parte, el consejero de Presidencia se ha referido también en el Parlamento a la formación que reciben los funcionarios de la Administración de Justicia. Desde 2009 hasta finales del año pasado, se programaron 66 cursos que suman 1.016 horas lectivas para la práctica totalidad de la plantilla de Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial.
El Instituto de Administración Pública Adolfo Posada fue la entidad encargada de impartir el año pasado el mayor número de cursos, por los que pasaron en total 752 empleados públicos del ámbito de la justicia. La programación se adaptó a las novedades legales o de procedimiento y se abordaron temas como peritaciones, reformas procesales, justicia del menor, violencia filoparental y de género, ejecución penal, riesgos laborales, etcétera.
Además, se desarrollan diferentes programas presenciales o de formación a distancia sobre el sistema de gestión procesal Minerva, Lexnet, Punto Neutro Judicial y comunicaciones telemáticas.
Junto con estos, se ofrece la modalidad del entrenamiento guiado en el puesto para aquellos funcionarios, tanto de carrera como interinos, que se incorporan a un nuevo puesto de trabajo en un órgano judicial o fiscal. Este sistema consiste en ofrecer tutoría al nuevo empleado por parte de un trabajador de ese órgano, para facilitar el aprendizaje de las tareas y el uso de las herramientas informáticas. En 2016, 29 funcionarios se acogieron a esta modalidad.
También se impartió formación en 2015 a todo el personal de los tres cuerpos de la Administración de Justicia sobre la implantación de Lexnet, aplicación para la presentación telemática de escritos iniciadores y de trámite que entró en vigor el año pasado.
Asimismo, desde el último trimestre de 2016, la sede judicial de Mieres participa en un proyecto piloto para la implantación del expediente judicial electrónico, que aún está en marcha. Con el objetivo de extender este proyecto a todos los órganos judiciales y fiscales de la comunidad, el Principado estudia la firma de un convenio de colaboración con el Ejecutivo central para la implantación de la Justicia Digital en Asturias. Este acuerdo supondrá la preparación de formadores que se encargarán de apoyar el despliegue de este modelo en todos los órganos judiciales y fiscales.