El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha reclamado hoy al Gobierno central que modifique su criterio sobre la fiscalidad y el IVA en los procedimientos relacionados con la justicia gratuita y no les aplique tributo alguno.
Martínez, que ha asistido en Madrid al pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia, ha recordado que el objetivo último de la asistencia jurídica gratuita es ofrecer a los ciudadanos que carecen de recursos económicos la posibilidad de defender sus intereses, por lo que la propia la Dirección General de Tributos mantenía, desde 1986, el criterio de que este tipo de procedimientos estaban exentos del pago del IVA.
“No compartimos el cambio de opinión que expresa ahora el Ministerio de Hacienda, pues consideramos que vulnera la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y pone en riesgo una prestación con una clara e innegable función social”, ha asegurado. “Si se aplica a este servicio el 21% de IVA, el impacto económico sería muy relevante para las comunidades autónomas”, ha advertido.
El titular de Presidencia ha expresado, además, su preocupación por que el Gobierno central haya confirmado ya este cambio de criterio dando por hecho que las comunidades con competencias transferidas como Asturias se harán cargo del pago del IVA, desvinculando de cualquier responsabilidad a abogados y procuradores.
No obstante, ha reiterado el compromiso del Principado con la justicia gratuita, una prestación que garantiza la asistencia jurídica a cualquier persona sin recursos y cuyo coste ha asumido en solitario el Gobierno de Asturias, sin la colaboración del Ejecutivo central. Este año, la comunidad destinará a este fin una partida de 5,5 millones, la más alta de los últimos diez años.
Registros civiles
Guillermo Martínez también se ha cuestionado la decisión del Ministerio de Justicia de aplicar desde el 30 de junio la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. “Aunque compartimos la necesidad de que las oficinas registrales se incorporen al proceso de modernización de la Administración de Justicia, lamentamos que el Gobierno de España quiera poner en marcha esta reforma en un plazo de cuatro meses, sin aclarar las incógnitas que aún existen en un servicio que consideramos fundamental para la ciudadanía y pieza clave en nuestra planta judicial”, ha asegurado.
En este sentido, ha precisado que el Ejecutivo asturiano, junto con una mayoría de comunidades, se opuso a la orientación inicial de la ley porque suponía la privatización de los registros civiles y la desaparición de los juzgados de paz, lo que llevó al ministerio a paralizarla. Por ello, ha valorado que la nueva reforma permita que las oficinas continúen siendo un servicio público y gratuito, pero ha mostrado su discrepancia sobre los plazos.
Asimismo, quiere que se resuelvan algunas incógnitas, como el destino de los trabajadores y de los jueces cuando los registros queden desvinculados de los juzgados y pasen a depender de los letrados de la Administración de Justicia. La situación en la que quedarán los 60 juzgados de paz de la región y los trabajadores que prestan servicio en ellos es un motivo de preocupación para el Gobierno de Asturias. “Nosotros seguiremos defendiendo este servicio, porque da cobertura a cerca de 230.000 ciudadanos en los municipios donde no existen juzgados de primera instancia e instrucción”, ha añadido.