La economía española está “dopada” con “subvenciones nocivas” de dinero público para el medio ambiente que el año pasado alcanzaron los 23.330 millones de euros.
Así se desprende del estudio ‘De subvenciones tóxicas a inversiones responsables. Cómo poner el dinero público al servicio del bienestar’, encargado por Greenpeace a la consultora Metroeconómica y difundido el pasado jueves.
Ese estudio pionero analizó 27.100 millones de euros en ayudas públicas en 2024, de los que el 86% fueron dirigidos a actividades “tóxicas” porque, según Greenpeace, “agravan la crisis económica y de biodiversidad, y no resuelven los problemas de desigualdad”, lejos de impulsar la transición ecológica
El análisis se centra en los sectores agrario, transporte y energía en los hogares, por ser sectores responsables del 50% de las emisiones y claves para la transición ecológica.
El sector agrario concentra la mayor cantidad de subvenciones analizadas, con 12.805 millones de euros (un 47,3% del total), seguido del transporte (10.293 millones, un 38%) y el de consumo energético de vivienda (3.998 millones, un 14,8%).
El análisis medioambiental desvela que las subvenciones dañinas (“marrones y naranjas”) son las mayoritarias en la economía española, frente a las subvenciones “verdes”.
“DOPAJE FÓSIL”
Por otro lado, Greenpeace indica que el “dopaje fósil” se intensificó tras la pandemia de la covid-19 y la crisis energética derivada de la invasión rusa en Ucrania, siguiendo la tendencia de la UE y otros países. Esta situación genera unos costes totales, incluidos los impactos ambientales, que en España equivalen a un 2% del PIB, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Eliminar las subvenciones tóxicas permitiría duplicar los recursos para una acción climática justa. Sin embargo, seguimos destinando ese dinero a sostener la dependencia de combustibles fósiles. Si esto sucede es porque el dinero público se utiliza para atar a los hogares y pymes a los negocios sucios dominados por un puñado de empresas y oligarquías en vez de fomentar su participación plena de los beneficios de la transición ecológica”, según Carlos García Paret, coordinador de Incidencia Política de Greenpeace.
Por otro lado, el informe señala que las ayudas al sector agrario arrojan “el peor balance ambiental y social” de los sectores analizados, con la Política Agraria Común (PAC) como principal responsable al aportar 7.344 millones al año en ayudas y ser “dañina con el medio ambiente y enormemente regresiva” porque un pequeño agricultor (con menos de cinco hectáreas) recibe 76 veces menos recursos que uno grande (más de 250 hectáreas).
El documento indica que se destinan más ayudas al gasóleo que al vehículo eléctrico, que la inversión en renovación de viviendas es seis veces menor de lo necesario y que muchas ayudas justificadas por su impacto social benefician más a rentas altas y grandes empresas.
“Frente a la doctrina de la motosierra, la evasión fiscal de grandes fortunas y el despilfarro militar, la mejor forma de defender el dinero público es invertirlo responsablemente. Debemos mantener el foco del esfuerzo público en garantizar el bienestar de las personas, evitar los daños catastróficos del cambio climático y protegernos de la inestabilidad económica y política de los combustibles fósiles”, concluye Paret.