La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Graciela Blanco, ha informado hoy a la Mesa Ciudadana contra la Pobreza y la Exclusión Social que el aumento de solicitudes para acogerse a la Ley de Dependencia es un síntoma de que se afianza la confianza ciudadana en esta prestación. El pasado mes de febrero se registraron 650 solicitudes frente a las 385 que se presentaron justo un año antes. Esto se debe, según la consejera, a que se han acortado los plazos de tramitación y a la información que se está facilitando.
Durante el encuentro, Blanco ha trasladado a la Mesa Ciudadana el trabajo que se ha realizado desde la última reunión, celebrada en octubre, respecto a la aplicación de la Ley de la Dependencia, que tiene una tasa de reposición positiva y cuenta con apenas 1.100 personas esperando la resolución de sus expedientes. En el Principado, hay actualmente 15.185 personas que tienen una prestación o reciben un servicio por este concepto.
En cuanto al Salario Social, la consejera ha destacado que actualmente existen 1.227 expedientes pendientes de tramitación, con una media mensual de 500 solicitudes. Blanco ha asegurado que la mayoría de las solicitudes ya no proceden de personas que carecen de ingresos, sino que son para complementar otra prestación de menor cuantía que la del Salario Social, como son las pensiones no contributivas. En Asturias existen en la actualidad 15.838 preceptores del Salario Social.
Graciela Blanco ha destacado el esfuerzo del Gobierno del Principado, tanto presupuestario como de medios, para atender una demanda como la del Salario Social, a la que considera una de las herramientas más importantes contra la exclusión social. En este sentido, ha informado que la nómina mensual de esta renta se situó en marzo en 8,2 millones de euros.
Durante la reunión celebrada hoy, la consejera ha informado también sobre el primer Plan de Atención Integral para personas con Discapacidad y sobre el II Plan de Inclusión Social 2015-2017, así como sobre la marcha del programa sobre Aprovechamiento de Alimentos aprobado el pasado mes de diciembre por el Gobierno. También se ha referido al compromiso del Ejecutivo autonómica con el fondo contra la pobreza infantil. Ha recordado que frente al Gobierno central, que sólo aporta 1.080.000 euros, el Ejecutivo autonómico aporta 1.110.000 euros para poder llegar a más familias.