El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas han acordado acelerar la actualización del mapa de fosas de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en la reunión de la comisión sectorial celebrada en la sede del departamento y presidida por el director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez López.
En su exposición inicial, Martínez López ha recordado a los asistentes que es objetivo prioritario del Ministerio elaborar un plan estatal de exhumaciones, pero para ello es necesario actualizar el mapa de fosas e incluir en el actual, que no se ha modificado desde 2011, todas las novedades que se han producido desde entonces, y que en su mayoría se deben a la labor de localización realizada por las administraciones autonómicas.
El director general ha indicado que el Ministerio ya tiene en marcha ese proceso de actualización, pero no es posible concluirlo sin contar con la colaboración de las comunidades autónomas, a las que ha propuesto un plazo no superior a 45 días para darle fin. Todos los representantes autonómicos se han mostrado de acuerdo, con la única cautela del distinto grado de actualización de sus respectivos mapas territoriales.
«Hemos coincidido todos en algo que es muy importante: tiene que ser el Estado el que lidere el proceso de exhumaciones, y el Estado no es solo la administración central, lo somos todos, también las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, y en ese marco queremos conveniar los procesos de exhumación y de memoria histórica en su conjunto», ha declarado Martínez López.
Durante la reunión, el antropólogo forense Francisco Etxeberria, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, ha expuesto a los asistentes las conclusiones de un estudio encargado por Justicia sobre la situación actual del proceso de exhumación de fosas.
El experto ha resumido que entre 1978 y 2000 se produjeron exhumaciones masivas sin ningún control ni rigor científico sobre las que no hay datos concluyentes. En el 2000 comenzaron las intervenciones en enterramientos que respetan algún tipo de protocolo facultativo; desde entonces, y hasta 2018, se han desenterrado unas 740 fosas comunes y recuperado más de 9.000 cuerpos.
Hasta que no se actualice el mapa es imposible evaluar el trabajo que queda pendiente por hacer ni abordar la elaboración de un plan de choque para 2019, que incluirá aquellas exhumaciones que las propias comunidades autónomas consideren prioritarias.
Censo de víctimas y banco de ADN
La actualización del mapa de fosas es imprescindible también para poder acometer uno de los objetivos que se fijó la comisión sectorial en su primera reunión, que tuvo lugar el pasado 19 de septiembre de 2018: confeccionar un censo de víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista.
Relacionado con este punto, la comisión sectorial también ha abordado el proceso de creación de un banco nacional de datos genéticos que facilite la identificación de los restos que vayan recuperándose de las fosas que sean exhumadas. Martínez López ha informado a los asistentes de que el próximo lunes 25 de febrero se reunirán en Madrid técnicos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de los distintos laboratorios que colaboran con los gobiernos autonómicos para estudiar fórmulas de cooperación que permitan poner en marcha ese banco nacional de ADN.
Por último, Martínez López ha anunciado que este jueves se presenta en Madrid la programación de actos de conmemoración del 80 aniversario del exilio republicano español, programa al que las comunidades autónomas podrán incorporar, si así lo desean, aquellos eventos que tengan previsto impulsar.
Además del director general de Memoria Histórica y otros miembros del Ministerio de Justicia, la comisión sectorial ha contado con la presencia de representantes de todas las comunidades excepto Cataluña, Castilla-La Mancha y la ciudad autónoma de Ceuta, que excusaron su asistencia por distintos motivos.