(dpa) – La situación del ex jefe del Gobierno catalán Carles Puigdemont y de los cuatro ex consejeros que lo acompañan en Bruselas dio hoy un giro inesperado cuando la Justicia española retiró las órdenes de captura que había emitido contra los cinco por delitos vinculados al plan independentista en la región.
La inesperada decisión del Tribunal Supremo en Madrid marcó el primer día oficial de campaña para las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, en las que tanto Puigdemont como los cuatro ex consejeros (ministros regionales) son candidatos.
El juez del máximo tribunal Pablo Llarena argumentó la retirada de las órdenes de captura precisamente con el «nuevo escenario» que abren las elecciones: «Los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado».
La medida busca también evitar que la Justicia belga entregue a los imputados fijando límites a los delitos por los que pueden ser juzgados. Como uno de ellos es el de rebelión, de naturaleza colectiva, eso podría alterar o trabar la investigación que se sigue por el mismo delito a otros imputados que se encuentran en España.
Puigdemont y los ex consejeros Antonio Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Meritxell Serret dejaron así de estar en búsqueda y captura. La Fiscalía en Bruselas comunicó por la tarde la retirada de las medidas cautelares que les había impuesto, incluyendo la prohibición de salir de Bélgica y residir en una dirección fija.
Los cinco investigados pueden así trasladarse a otro país a regresar a España cuando quieran, aunque en este último caso podrían ser detenidos de inmediato. El entorno del ex «president» aseguró que seguirá por el momento en Bélgica y hará campaña desde el exterior.
El giro judicial llegó un día después de que el mismo juez Llarena dejara en libertad bajo fianza a otros seis de los ocho ex consejeros que se encontraban en prisión desde hace un mes en Madrid y coincidió con el inicio oficial de la campaña a unas elecciones inusuales con candidatos presos o a la distancia.
La medida desató por eso una ola de reacciones políticas. Tanto el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) de Puigdemont como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el otro partido independentista que integró su Gobierno, atribuyeron el paso del Supremo al «temor» a hacer «un ridículo internacional».
«Hubiera sido un bofetón muy gordo que la Justicia de otro país europeo dijera que la Justicia española no garantiza un juicio justo», interpretó también el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas.
En los partidos contrarios a la independencia, Inés Arrimadas (Ciudadanos) mostró su respeto y evitó «interpretaciones políticas» a la medida judicial, mientras que un portavoz del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy la consideró «acertada y adecuada». También el candidato socialista Miquel Iceta habló de «una buena noticia».
Puigdemont y los cuatro ex consejeros estaban esperando que un tribunal de primera instancia anunciara el 14 de diciembre si cumplía con el pedido de entrega cursado por la Audiencia Nacional española el 3 de noviembre después de que no se presentaran a declarar como investigados por rebelión, sedición, prevaricación y malversación.
Otros ocho ex consejeros que sí lo hicieron quedaron en prisión preventiva el 2 de noviembre, mientras que otro quedó al día siguiente en libertad tras pagar una fianza.
La situación judicial de los imputados comenzó a cambiar cuando el Supremo unificó las causas abiertas por el proceso independentista y el juez Llarena asumió también las que llevaba la Audiencia Nacional.
Este lunes, el juez dejó en libertad a seis de los ex consejeros tras el pago de fianzas de 100.000 euros, aunque mantuvo en prisión al ex «número dos» de Puidemont, Oriol Junqueras, y al ex titular de Interior Joaquim Forn, así como a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de las dos mayores entidades civiles independentistas.
Tanto Puigdemont como Junqueras encabezan las candidaturas de sus respectivos partidos, mientras que la mayoría de los otros ex consejeros ocupan lugares en las listas independentistas. La campaña a las cruciales elecciones que decidirán el futuro de Cataluña tras la crisis independentista arranca así marcada por la situación judicial de varios candidatos.