(EUROPA PRESS) La portavoz de Foro en la Junta General, Cristina Coto, ha calificado de «inaceptables» las declaraciones vertidas por el Gobierno al respecto de la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que ha dado la razón a Foro anulando la emisión de deuda incorporada a la prórroga presupuestaria.
Y ha adelantado que «si la Consejera de Hacienda se empecina en ignorar las leyes presupuestarias y la sentencia del TSJA, provocando graves perjuicios para Asturias, plantearemos su reprobación en la JGPA»
Coto ha señalado este martes que «decir que ‘solo’ se ha anulado parcialmente el recurso no tiene más fin que tratar de esconder que lo que el Tribunal ha anulado es el elemento nuclear de la cuestión, es decir, la ilegalidad en que incurrió el gobierno de Javier Fernández al prorrogar la posibilidad de emitir deuda o de formalizar operaciones de endeudamiento, para lo cual disponía de una autorización ceñida al ejercicio de 2013, que se le concedió para 2013 y que por tanto caducó el 31 de diciembre de 2013, tal y como recoge la sentencia en su fundamento de derecho cuatro, que tal parece no han leído o prefieren eludir».
Para Coto, «más grave que esta maniobra de distracción es el hecho de que el gobierno del PSOE siga en sus trece, y además manipule al Tribunal Superior al decir que se limita a cuestionar los términos en que se expresa la autorización de endeudamiento. El TSJA no hace valoraciones literarias sino jurídicas, y su fallo es contundente al estimar contrario a derecho y por tanto anular el artículo 4 del Decreto de Prórroga de Javier Fernández».
«Al momento presente -informa Coto- hemos pedido la comparecencia urgente de la Directora General de Finanzas y Hacienda y de la Secretaria General Técnica de Consejería de Hacienda para que informen acerca de todas las emisiones de deuda y prestamos a largo plazo formalizados por el Gobierno en 2014».
Cristina Coto explica además que «la Junta tiene competencias parlamentarias en materia presupuestaria y financiera, y con su actuación el Gobierno de Javier Fernández ha tratado de sustraer al Parlamento asturiano una de las más importantes, cual es la de garantizar la soberanía y control sobre el conjunto de los procesos de ingresos y gastos públicos».