Washington, 30 jul (dpa) – Estados Unidos advirtió hoy al Gobierno de Daniel Ortega de que habrá más sanciones si continúa la situación de violencia en Nicaragua y, además de volver a pedir elecciones anticipadas, respaldó la mediación de la Iglesia católica, después que el mandatario calificara de golpistas a los obispos.
El Gobierno de Donald Trump impuso a principios de este mes las primeras sanciones en el marco de esta crisis contra tres funcionarios del círculo cercano de Ortega y su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo.
«A través de esas sanciones, Estados Unidos demuestra que hace rendir cuentas a oficiales del régimen que autorizan la violencia y los abusos o que roban al pueblo nicaragüense. Son un comienzo, no un final, de sanciones potenciales», señaló la Casa Blanca en un comunicado.
Casi 450 personas, según cifras de organizaciones de derechos humanos, han muerto en el marco de las protestas contra el Gobierno de Ortega, que arrancaron el 18 de abril.
La Casa Blanca defendió hoy la mediación de la Iglesia católica pocos días después de que Ortega calificara de golpistas a los obispos.
«Elecciones libres, justas y transparentes son el único camino para restaurar las democracia en Nicaragua. Apoyamos el proceso de diálogo nacional conducido por la Iglesia católica de cara a negociaciones de buena fe», indicó.
La Iglesia católica ha actuado como mediadora en el diálogo nacional entre el Gobierno de Ortega y la oposición, el cual se encuentra en suspenso desde poco después de arrancar a mediados de mayo. El presidente nicaragüense acusó a los obispos el pasado 20 de julio de formar parte de «un plan golpista» contra él. Miembros de la Iglesia católica han sido también atacados físicamente.
La semana pasada, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, acusó a Ortega de «estar librando» una guerra contra la Iglesia católica.
La Casa Blanca calificó hoy al mandatario y a su mujer de «responsables últimos» de la violencia de los grupos paramilitares en Nicaragua.
El Gobierno de Trump aseguró en el comunicado que ha recuperado los vehículos que había donado a la policía nicaragüense porque han sido usados para «reprimir violentamente protestas pacíficas», y que ha cortado toda venta o donación de equipamiento a las fuerzas de seguridad de Ortega.
Además ha anunciado 1,5 millones de dólares de ayuda «para apoyar la libertad y la democracia en Nicaragua», destinados a la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y medios independientes que están «bajo amenaza del régimen de Ortega».