Pamplona (España), 26 abr (dpa) – Un tribunal español condenó hoy por abuso y no por agresión sexual a los cinco acusados de violar en grupo a una joven de 18 años durante las fiestas de Sanfermines en 2016, en una sentencia que provocó protestas multitudinarias tras uno de los juicios recientes más mediáticos en el país.
Los cinco acusados, conocidos como «La Manada» por el nombre de un grupo de WhatsApp que compartían, fueron condenados a nueve años de prisión cada uno y al pago de una indemnización a la víctima como culpables de un delito de abuso. Quedaron en cambio absueltos del delito de agresión sexual agravada que veía la Fiscalía.
El Código Penal define el abuso como un atentado «contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona» valiéndose de «superioridad manifiesta». La violación, delito con penas mayores, requiere la existencia de «intimidación y violencia», algo que los jueces descartaron en la sentencia.
La decisión fue recibida con indignación y estupor por cientos de personas que esperaban el fallo reunidas ante la audiencia en la ciudad de Pamplona para mostrar su apoyo a la víctima.
Por la tarde, decenas de miles de personas salieron a las calles de Madrid, Barcelona, Bilbao y ciudades de todo el país para repudiar la sentencia cantando lemas como «no estás sola», «yo sí te creo» o «no es abuso, es violación».
La lectura de la sentencia, transmitida en directo por decenas de medios acreditados en una expectativa pública sin precedentes, generó durante el día críticas de todo el arco político.
«Si lo que hizo ‘La Manada’ no fue violencia en grupo contra una mujer indefensa, ¿qué entendemos entonces por violación?», se preguntó el socialista Pedro Sánchez, jefe de la oposición. Pablo Iglesias, líder del izquierdista Podemos, dijo sentir «vergüenza y asco». Incluso la Policía Nacional publicó un tuit con el lema «no es no» repetido varias veces, en un apoyo tácito a la víctima.
En el mundo de la cultura, la escritora Lucía Etxebarría escribió «No se llama abuso, se llama violación» y la actriz Leticia Dolera, un referente del feminismo en España, llamó «a las calles» en señal de protesta. Una petición en la plataforma Change.org para inhabilitar a los jueces sumó más de 260.000 firmas en cuestión de horas.
Los hechos tuvieron lugar en julio de 2016 en plenos Sanfermines, los populares encierros taurinos inmortalizados por Ernest Hemingway en su libro «Fiesta» y que cada año reúnen a miles de visitantes en la ciudad de Pamplona, norte de España.
La denunciante y los acusados se conocieron en la calle. Según la chica, entonces de 18 años, cuando quiso regresar a casa los cinco se ofrecieron a acompañarla, la metieron en un portal y la violaron entre todos mientras lo filmaban. La defensa sostuvo que la relación fue consentida y solo admitió el robo del teléfono a la joven.
La sentencia sostiene que la chica «sintió un intenso agobio y desasosiego» en esa situación y actuó por eso con «sometimiento y pasividad», haciendo «lo que los procesados le decían que hiciera, manteniendo la mayor parte del tiempo los ojos cerrados». Las lesiones que sufrió tampoco acreditan violencia, según los jueces.
El caso generó una fuerte conmoción en España ya desde que los cinco miembros de «La Manada», entre los que hay un guardia civil y un militar, fueron detenidos horas después de los hechos y enviados a prisión preventiva, donde siguen hasta ahora.
Pero sobre todo el transcurso del juicio disparó la polémica por la actitud de los jueces ante la víctima. El tribunal aceptó como prueba (luego retirada) un informe de un detective sobre la vida de la víctima tras los hechos o una fotografía «festiva» que la joven publicó en las redes sociales tras la agresión.
Desde entonces, diversas voces de la sociedad civil, los partidos políticos y la cultura denunciaron una «Justicia patriarcal» que tiende a responsabilizar de las violaciones a sus víctimas y no a sus agresores: un reproche que viene acompañando casos emblemáticos de agresiones sexuales en diversos países.
El abogado de la joven se mostró hoy «decepcionado» por el fallo, mientras que el de los acusados adelantó que pedirá su inmediata puesta en libertad. Ambas partes recurrirán la sentencia, para lo que tienen diez días de plazo.
La polémica decisión del tribunal, que se demoró dos meses más de lo previsto y contó incluso con un voto particular de un juez que defendió la absolución de todos los acusados, queda así lejos de cerrar el caso y promete un nuevo debate social y político en España.
Por Pablo Sanguinetti (dpa)
