El Gobierno de España informó el miércoles a Bruselas de que espera un gasto computable del 4,1%, cuatro décimas por encima del objetivo anual del 3,7% fijado para 2025 en la Recomendación del Consejo, para cumplir con el compromiso de alcanzar este año el 2% del PIB en gasto en seguridad y defensa.
Así se lo trasladó el Ejecutivo a la Comisión Europea en el Informe de Progreso Anual, que tenía hasta este 30 de abril como fecha límite para remitirlo a las autoridades comunitarias.
En el documento, se explica que “tanto el saldo anual como el acumulado en la cuenta de control se mantendrían por debajo de los límites permitidos”, el 0,3% en el caso del PIB anual y del 0,6% en el PIB en acumulado.
Para el gasto para 2025, incluyendo los compromisos en defensa a través del despliegue del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, se reasignarán créditos no ejecutados y “se incorporación de recursos comprometidos en el ejercicio anterior que no serán necesarios en 2025 y que contribuirán a su financiación”.
En cualquier caso, y para compensar futuras desviaciones de la cuenta de gasto, España se reservará 7.300 millones de euros, un 0,5% del PIB, que se registrarán como “un crédito a favor de España en la cuenta de control”. Esos más de 7.000 millones proceden de la diferencia entre el gasto computable registrado por España en 2024, del 4,1%, por debajo del 5,3% recogido en la Recomendación del Consejo de 21 de enero.
El gasto computable es la variable que tiene en cuenta la Comisión Europea para evaluar el cumplimiento del Plan Fiscal por parte de un Estado miembro, según las nuevas reglas fiscales.
“Por tanto, España cumplió con la regla de gasto de forma holgada y eso permite tener un mayor margen para los próximos ejercicios. De hecho, la previsión es que el gasto computable en 2025 aumente un 4,1%”, agregó el texto enviado este miércoles a Bruselas.
También hay que recordar que en 2024 España tuvo que reorientar algunas partidas de gasto como consecuencia de las medidas adoptadas para paliar las consecuencias de la dana, aunque su impacto fiscal tiene “la consideración de one-offs en el marco europeo de gobernanza fiscal y por tanto se excluyen de la regla de gasto”.
En total, el gasto ligado a la gestión de las consecuencias de la dana ascendió en 2024 a 5.590 millones de euros, con la partida más importante correspondiente a los 4.712 millones de euros del Consorcio de Compensación de Seguros.
PIB POR ENCIMA DEL 2%
Este Informe de Progreso Anual también incluye la última revisión del cuadro macroeconómico, aprobado y presentado este miércoles tras el Consejo de Ministros Extraordinario.
La previsión de crecimiento del PIB español se mantiene en el 2,6% para 2025, con un avance de la economía del 2,2% en 2026 y del 2,1% tanto en 2027 como en 2028.
“La economía española seguirá creciendo por encima del 2% en todo el horizonte de previsión, apoyada en el buen comportamiento del mercado laboral y en el avance de la productividad”, apuntó el Gobierno en el documento enviado este miércoles a Bruselas.
El dinamismo de la economía española se mantiene a pesar del impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos, que tendrán un impacto de una décima sobre el PIB de 2025. No obstante, España “se vería notablemente menos afectada que otras economías europeas por su menor exposición a los flujos comerciales transatlánticos”.
El impulso negativo de la demanda externa se verá compensando por la fortaleza de la demanda interna, tanto del consumo privado como de la inversión.
El Gobierno también trasladó a Bruselas que España creará cerca de 2 millones de empleos a lo largo del horizonte de previsión de 2025-2028. De esta forma, la tasa de paro nacional pasará de doble dígito, en el 10,3% previsto para este ejercicio, al 8,7% vaticinado para 2028.
REDUCCIÓN DEL DÉFICIT
El documento enviado a Bruselas remarcó que España cumplió en 2024 su objetivo de déficit por quinto año consecutivo, y cerró en el 2,8% del PIB, 0,7 puntos porcentuales menos que en 2023 y por debajo del objetivo del 3%.
Esto fue posible gracias a un “sólido crecimiento de la economía española” y al “dinamismo del mercado laboral con cifras récord de empleo”.
La senda descendente del déficit muestra el rápido saneamiento de las cuentas públicas. Desde el máximo alcanzado en la pandemia en 2020 con un 9,9% del PIB, el déficit público se ha reducido más de siete puntos porcentuales, lo que supone un 70% menos, como apuntó el informe.
Economía recordó que el déficit del 2,8% en 2024 incluye el impacto negativo por sentencias judiciales por valor de 11.269 millones de euros, de los cuales más de 8.000 millones corresponden a ‘one-offs’, por lo que sólo tendrán impacto negativo ese año y no en ejercicios futuros.
REFORMAS
El Gobierno incorporó en este informe los avances en la reformas e inversiones incluidas en el Plan Fiscal para la ampliación del periodo de ajuste hasta siete años.
Este programa de reformas se articula en torno a las principales medidas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), a las que se añadieron otras enfocadas en los nuevos retos de la política económica.
El documento recoge el grado de implementación de varios hitos del PRTR relacionados con la fiscalidad, como el cumplimiento de la aprobación de la Ley de lucha contra el fraude fiscal o de la reforma fiscal, con la aprobación del último paquete de medidas tributarias de finales de 2024.
Entre esas medidas se incluía el Impuesto Complementario, para fijar un tipo mínimo del 15% global a las grandes multinacionales en línea con el Pilar 2 de la OCDE. También la creación del nuevo impuesto a la banca o a los cigarrillos electrónicos, entre otros.