El Consejo de Ministros de España aprobó el 20 de noviembre de 2026 un Real Decreto Ley de soberanía científica y tecnológica que contempla la creación de una red de veinte centros públicos de excelencia en áreas estratégicas como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores avanzados, la biotecnología, las tecnologías cuánticas, la energía o el espacio.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, explicó que el objetivo de esta nueva norma es «reforzar la autonomía tecnológica» de España y mejorar su capacidad para competir a escala internacional. Presentó esta acción impulsada por el Gobierno como el siguiente paso tras el fortalecimiento experimentado por el sistema científico español durante los últimos años. Según afirmó, España está en condiciones de dar «el siguiente gran salto científico y tecnológico» y transformar su creciente fortaleza investigadora en «mayor competitividad, soberanía tecnológica y progreso económico y social».
La principal novedad de la norma es la creación de una nueva red de centros de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica. El régimen especial se aplicará a centros públicos de investigación que trabajen en diez áreas tecnológicas consideradas críticas por la Comisión Europea y por las estrategias nacionales de innovación. «Es ahí donde se libra a día de hoy la batalla por esa soberanía tecnológica, la seguridad económica y buena parte de la competencia y la competitividad internacional», afirmó Morant.
La ministra destacó que España ya dispone de grupos científicos capaces de competir con los mejores centros del mundo y aseguró que el nuevo marco normativo busca dotarlos de herramientas similares a las de sus grandes competidores internacionales.
MÁS AUTONOMÍA
Los veinte centros serán seleccionados mediante un procedimiento interministerial y su incorporación deberá ser aprobada posteriormente por el Consejo de Ministros. Dispondrán de «una mayor autonomía de gestión» para agilizar procedimientos de contratación y adquisición de equipamiento científico y atraer investigadores internacionales con condiciones salariales más competitivas. También podrán recurrir al derecho privado para transferir resultados de investigación, crear empresas o participar en ellas.
Según la ministra, esta medida pretende acelerar la llegada al mercado del conocimiento generado en laboratorios y centros de investigación. «Sus descubrimientos podrán convertirse más rápidamente en nuevas tecnologías con verdadero impacto en nuestra economía y en nuestra sociedad», afirmó.
El nuevo régimen podrá aplicarse a instituciones públicas de diversa naturaleza, entre ellas consorcios públicos, fundaciones públicas, centros acreditados como Severo Ochoa y unidades María de Maeztu.
El nuevo decretp incorpora un segundo bloque de medidas que se extenderán al conjunto del sistema público de investigación. Entre ellas figura la posibilidad de atraer y contratar investigadores distinguidos capaces de captar financiación externa tanto pública como privada. También facilitará la doble afiliación y la movilidad de investigadores entre instituciones y permitirá a los propios grupos científicos establecer contratos con empresas para desarrollar y aplicar sus descubrimientos.
INCENTIVOS A LA INVERSIÓN
La ministra reconoció que, pese al incremento de la inversión en investigación registrado durante los últimos años, «la inversión privada sigue estando muy por debajo de lo que querríamos y de la media europea». Para revertir esta situación, el Gobierno elevará del 12% al 15% la deducción fiscal en el impuesto de sociedades para actividades de innovación tecnológica.
Además, reforzará los incentivos a la contratación de personal investigador por parte de las empresas. El periodo de bonificación del 40% en las cotizaciones sociales por contratación indefinida de investigadores pasará de tres a cinco años.
Por otra parte, la norma aprobada este viernes incorpora también una reforma específica para adaptar la forma jurídica del Barcelona Supercomputing Center (BSC), una de las principales infraestructuras científicas europeas en supercomputación e IA.
Este centro se convertirá en una fundación pública para dotarlo de una mayor capacidad de gestión y facilitar su crecimiento futuro, avanzó Morant, quien recordó que el BSC se ha consolidado como «un referente europeo en supercomputación e IA» y consideró que necesita una estructura jurídica más adecuada para continuar desarrollando proyectos científicos y colaboraciones con el sector empresarial.
COMPETITIVIDAD ECONÓMICA
Durante su intervención, la ministra defendió que la ciencia se ha convertido en una de las principales apuestas estratégicas del Gobierno y sostuvo que el fortalecimiento del sistema científico está contribuyendo a mejorar la competitividad económica de España. «La gente joven ya no se tiene que ir de nuestro país», aseguró.
Morant concluyó que el objetivo de las nuevas medidas es aprovechar el conocimiento generado por universidades y centros públicos de investigación para impulsar más tecnología propia, más empresas innovadoras y más empleo cualificado. «La ciencia ya no es solo una inversión de futuro, es una forma también de construir una España más fuerte, más libre y también más democrática», concluyó.
