El Ministerio del Interior y la Agencia Tributaria han hecho públicos hoy, durante la celebración del Día Antifalsificación en España, los datos del balance anual de las intervenciones y de la actividad contra la venta de falsificaciones. En 2016 se incautaron en España más de cuatro millones de productos falsificados, que en el mercado habrían alcanzado un valor de 779.800 euros.
Como cada año, para conmemorar el Día Antifalsificación en España, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) han organizado un evento con la colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Departamento de Aduanas), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para elevar el nivel de sensibilización del consumidor español sobre la problemática que hay tras la distribución y venta de falsificaciones, y sobre los peligros de la proliferación que ha experimentado este fenómeno a través de la venta por Internet.
Durante el acto, se han hecho públicos los datos del balance anual de intervenciones de la lucha contra la vulneración de los derechos de Propiedad Industrial 2016, por parte del Ministerio del Interior, así como los datos anuales de la actividad contra las falsificaciones del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria (AEAT).
En 2016, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía Local que facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) se incautaron 1.666.521 millones de objetos falsificados en 1.447 operaciones. Estos productos falsificados habrían alcanzado en el mercado ilegal un valor de más de 700 millones de euros, de los que 589.055.500€ corresponden a joyas y relojería, 38.397.966€ al sector textil, y 21.176.664 a marroquinería y complementos.
Con todo, el pasado año 2016 representa el valor más bajo de la serie histórica en cuanto a hechos conocidos, suponiendo un descenso del 6,3% respecto al año 2015. De estas infracciones de los derechos de propiedad industrial se derivan consecuencias negativas para la economía en general, y es que este tipo de actividad delictiva destruye cada año en España más de 67.000 puestos de trabajos directos, supone una pérdida en ventas de más de 7 millones de euros, y produce efectos no deseados en ámbitos como el social o la seguridad y la salud de los consumidores, puesto que los productos falsificados se producen sin tener en cuenta ni las normas existentes en esta materia ni los controles e inspecciones oportunas para su posterior comercialización de forma segura.
Internet se ha convertido en una herramienta fundamental en nuestros días, en todos los ámbitos de nuestras vidas, y ello ha propinado el aumento del comercio electrónico que ha venido evolucionado de forma favorable en los últimos años. Un comercio que, a la vez, está siendo empleado como canal para facilitar el tráfico ilegal de contenidos y la venta de productos falsificados a una escala mucho mayor.
De esta manera, se pone de relieve que uno de los elementos clave para luchar contra las organizaciones delictivas, que realizan actividades ilegales, consiste en reforzar la cooperación internacional para la defensa de los derechos frente a las falsificaciones y, al mismo tiempo, se busca garantizar otros aspectos como son la seguridad de la cadena de suministro y distribución desde el primer escalón de la producción y mejorar la cooperación público-privada entre instituciones nacionales e internacionales.
En relación a la información recogida en este balance de 2016, se aprecia, además, que dentro del conjunto de los artículos intervenidos, los sectores más afectados han sido el textil (24,51%), el de las bebidas y comestibles (8,64%), y el del calzado (8,31%).
Por lo que respecta a los distintos puntos de incautación de la mercancía, los datos registrados establecen que las principales ubicaciones donde se ha incautado la mayor cantidad de productos falsificados ha sido en las naves, fábricas y almacenes (32,14%), los establecimientos (21,55%), y las explotaciones agrícolas y ganaderas (14,82%).
A nivel territorial, Andalucía, Comunitat Valenciana, Madrid, y Cataluña son las Comunidades Autónomas que se sitúan en los puestos más elevados si se toma como punto de referencia el número de operaciones policiales efectuadas en la lucha contra la infracción de los derechos de propiedad industrial.
Por su parte, la Agencia Tributaria intervino durante el año 2016 más de 2,5 millones de productos falsificados en un total de 2.232 operaciones. De haber llegado al mercado, esta mercancía falsa habría alcanzado un valor de 77,8 millones de euros. En el curso de estas actuaciones se han levantado 74 atestados y se ha procedido a la detención de 52 personas presuntamente vinculadas con esta actividad ilícita. De todos los productos incautados, más del 60% se aprehendieron en los puertos y dos de cada tres productos falsos incautados procedió del continente asiático.