El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que se declara que la regasificadora de El Musel se construyó «vulnerando la ley». El Tribunal ve «no conforme a derecho» la decisión administrativa de autorizar las instalaciones de regasificación.
El fallo, del 29 de febrero, ha sido remitido a los medios por Equo Asturies y reafirma que «no ha lugar» al recurso de casación interpuesto por Enagás y por la Administración General del Estado en julio de 2013 tras la primera sentencia.
La decisión judicial viene a dar la razón a Los Verdes de Asturias contra las resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas de 29 de diciembre de 2008 y de la Subsecretaria de Industria, Turismo y Comercio de 5 de Octubre de 2009 que desestima el recurso de alzada contra la anterior. La primera de las resoluciones concedió a Enagás la autorización administrativa previa para la construcción de una planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en el Puerto de El Musel.
Se basa en la vigencia y aplicabilidad del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP), vigente en mayo de 2006, momento en que Enagás solicitó el permiso de construcción. Este reglamento se refiere a la distancia mínima de esta clase de instalaciones respecto de los núcleos de población y que no podría ser inferior a 2.000 metros. «Dicha distancia no se ha respetado», puesto que hay varios núcleos de población cercanos, como la zona de el Muselín.
El reglamento de RAMINP fue derogado por el Principado siete meses después, por lo que el Tribunal entiende que la ley autonómica «no es aplicable a los proyectos cuya autorización completa la administración General del estado». Además niega que el Principado «tenga competencia para derogar normativa medioambiental aprobada por el Estado».
Según Equo, esa regasificadora costó «más de 380 millones de euros» y aún en 2015 «se estuvieron dilapidando millones de euros» al conectarla con el gasoducto estatal, algo que, a su juicio, es «ilegal además de inútil». «Nunca ha estado en funcionamiento y no hay ninguna previsión de que así vaya a ser. Aún así, se ha mantenido una ficción para no reconocer ante la ciudadanía el gravísimo error cometido», han criticado.
Los Verdes de Asturias, integrados en Equo Asturies, han mostrado su «alegría» por que «por fin se haga justicia» y ha pedido a «todas las personas implicadas» asuman sus responsabilidades.