OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) –
El Grupo Parlamentario Socialista en la Junta General ha presentado este miércoles una Proposición No de Ley por la que insta al Gobierno asturiano a que solicite al nacional medidas de apoyo a la actividad de los locales de negocio de renta antigua, afectados por el fin de la moratoria de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.
La finalización de esta moratoria supone que el próximo 1 de enero de 2015 la mayoría de estos contratos de arrendamiento de locales de negocio se verán forzados a negociar un nuevo contrato de alquiler con un probable incremento de renta, según ha afirmado el diputado socialista Alejandro Vega en nota de prensa. Esto podría suponer para los negocios «traslados y cierres» en el actual contexto de crisis económica, dificultades de financiación, y caída del consumo.
Tras una reunión con el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA Asturias), Manuel Prieto, y con Marcelino Suárez, miembro de la ejecutiva del colectivo y asesor jurídico, Vega explicó los términos de la proposición no de ley presentada por su grupo en el Parlamento asturiano.
El PSOE en su petición plantea que se reclame al Gobierno de España la introducción de un nuevo régimen transitorio con efectos a 1 de enero de 2015, en el que se proceda a una actualización de la renta por la diferencia entre el incremento de los últimos veinte años del IPC de arrendamientos urbanos y el incremento del IPC general, «utilizándose como índice corrector el referido IPC de arrendamientos urbanos anual corriente a partir de esa fecha».
Asimismo han solicitado que se mejore la compensación del fondo de comercio en los casos de abandono forzoso del local de negocio, para que el arrendatario pueda participar del aumento del valor del local, consecuencia de su actividad económica ejercida durante más de treinta años. Por otro lado pedirán que se establezcan medidas de apoyo al comercio minorista afectado por el fin de la moratoria, con la apertura de una línea de crédito ICO para el traslado, reforma y adaptación de locales para los comercios afectados, así como la elaboración de un plan de protección integral del patrimonio comercial histórico de nuestras ciudades y pueblos.