(EP) – El PSOE ha acelerado la tramitación parlamentaria de su reforma de la Ley del Poder Judicial para que el Consejo puede nombrar magistrados del Tribunal Constitucional pese a estar en funciones desde diciembre de 2018, y en la reunión de este martes de la Mesa del Congreso ha impuesto el procedimiento de urgencia, con apoyo de Unidas Podemos, e incluso pretende que la proposición de ley salga aprobada en julio en el Pleno.
La iniciativa se registró el pasado viernes y este martes ha sido calificada por la Mesa del Congreso. Y como había pedido el PSOE, se ha aprobado tramitarla por el procedimiento de urgencia, lo que supone acortar a la mitad todos los plazos parlamentarios. Los socialistas han contado con el respaldo de Unidas Podemos, mientras que el PP y Vox se han mostrado en contra, según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
Pero los socialistas, que tienen asegurado que el Gobierno no tardará en dar su preceptiva conformidad para debatir la proposición de ley, quieren ir más allá y pretenden que se tramite en lectura única, sin pasar por ponencia ni por la Comisión de Justicia, lo que implica una tramitación exprés que debe ser aprobada por la Junta de Portavoces primero y por el mismo Pleno, después.
La idea del PSOE es que, acortados los plazos y los trámites, la reforma pueda ventilarse en el ‘pleno escoba’ que hay previsto para la segunda semana de julio. De ahí se iría al Senado para imprimir un nuevo acelerón y aprobarla en la sesión plenaria que la Cámara Alta prevé acelerar a la semana siguiente.
El Grupo Socialista fundamenta su petición en que se trata de una reforma muy limitada, ya que sólo modifica el artículo 570 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Si hace un año se aprobó una reforma que impide al CGPJ aprobar nombramientos estando en funciones, ahora sólo se trata de exceptuar las propuestas para el Tribunal Constitucional. De esa forma, el Gobierno podría desbloquear la renovación parcial del TC, ya que ahora corresponde elegir las plazas que corresponden al poder Ejecutivo y al Judicial, dos cada uno.
Pero la reforma cuenta con el rechazo anunciado del PP, Vox y Ciudadanos, y nueve vocales del CGPJ han pedido que este órgano emita un informe consultivo, un trámite que no es preceptivo en las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios y sólo en los proyectos del Gobierno. El Consejo se reunirá la próxima semana para debatir si solicitan al Congreso participar en la tramitación.