El Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este miércoles reservar el 8 por ciento de la contratación para centros especiales de empleo y empresas de inserción, en base a la Ley 31/2015 de 9 de septiembre de 2015, que actualiza la normativa en materia de autoempleo e incluye medidas de fomento y promoción de la economía social.
En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha explicado que hasta ahora no existía una reserva prevista, por lo que había contratos con estas entidades en materia de limpieza, seguridad o publicidad, entre otros servicios, pero sin estimación de partidas destinadas para tal fin.
Al respecto, ha comentado que otras comunidades harán una reserva del 3,5%, del 6% o de más cuantía. En el caso del Principado, se estima que el 8% puede ser un buen punto de partida que se irá revisando anualmente en base a la experiencia con el propósito de facilitar el trabajo de estas entidades, que persiguen la integración laboral de personas con discapacidad y en situación de exclusión social.
En Asturias hay 105 centros especiales de empleo que cuentan con 2.300 trabajadores. Además, el Principado registra cuatro empresas de inserción bajo el paraguas de entidades sociales Cáritas, Secretariado Gitano, Hogar de San José y Emaús.
En concreto, la reserva se establecerá cada año en función del cómputo global de los contratos adjudicados en el ejercicio presupuestario anterior e irá vinculada a las áreas de actividad en las que tienen mayor presencia los centros especiales y las empresas de inserción.
Afectará a servicios de mantenimiento y conservación de zonas verdes, mensajería, correspondencia y distribución, almacenamiento, distribución publicitaria, digitalización y catalogación documental, recogida y transporte de residuos y vigilancia de aparcamientos de vehículos. También están incluidos los contratos relacionados con limpieza de edificios, lavandería y planchado, restauración, catering y hostelería, además de los suministros de ropa de trabajo.
Por otra parte, con el fin de garantizar la inserción laboral de estos colectivos, el Gobierno de Asturias exigirá que al menos un 40% de la plantilla de los centros especiales de empleo que opten a los contratos esté compuesta por trabajadores discapacitados con grandes dificultades de empleabilidad. También se prohibirá la subcontratación, excepto en prestaciones accesorias justificadas.
El acuerdo recoge una serie de directrices para su aplicación y garantiza el compromiso de toda la Administración autonómica, puesto que cada órgano de contratación definirá el importe de los contratos reservados y lo comunicará a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales para su seguimiento.
Junto a esta medida, el Principado se compromete a estudiar la posibilidad de ampliar la bonificación por contratos de estos centros y empresas, tal y como adelantó la consejera esta semana en la comisión parlamentaria del área.
Actualmente, se bonifica el 50% del Salario Mínimo Interprofesional así como parte de los costes de la Seguridad Social. Desde 2012, el Gobierno ha concedido ayudas para financiar parte de los salarios por un importe que supera los 29 millones.