El Gobierno de Asturias protegió a 938 menores y desarrolló programas de prevención y apoyo a las familias de los que se beneficiaron otros 4.296, según la memoria de actividades del consejo rector del Instituto de Atención Integral a la Infancia de 2017, que se aprobará en la reunión que mantendrá hoy este organismo. Estas actuaciones se plasmaron en medidas de protección como el acogimiento familiar, el residencial y las adopciones. A finales del pasado año, permanecían en acogimiento 543 menores: 476 a cargo de familiares y 67 en hogares sin vínculo de parentesco.
En cuanto al acogimiento residencial, el ejercicio se cerró con 354 menores en esa situación (204 hombres y 150 mujeres), de los que el 48% tenían entre 12 y 18 años. Por nacionalidades, 265 eran españoles y 90 extranjeros. En este último caso, 75 eran menores no acompañados. Además, 41 jóvenes ocupaban plazas residenciales en los programas de transición a la vida adulta. En 2017, un total de 605 personas recibieron apoyo residencial en las 445 plazas disponibles.
En el apartado de adopciones, se hicieron efectivas 41: 38 nacionales y 3 internacionales. El número de familias valoradas como idóneas para formalizar una adopción nacional se situó en 46 y se emitieron 19 certificados de idoneidad para casos internacionales.
Entre los programas de prevención y apoyo a las familias, que se realizan en colaboración con ayuntamientos y otras entidades, destacó la labor de los equipos de intervención de apoyo familiar, que prestaron servicios a 1.526 menores; el trabajo de los puntos de encuentro familiar, por los que pasaron otros 588; los talleres de parentalidad positiva, en los se dio formación a 462 personas, y el programa de participación infantil, que llegó a mil asistentes.
Además, en 2017 se abrieron 522 nuevos expedientes que se plasmaron en 180 tutelas, 61 guardas y 173 medidas de acogimiento residencial. Otros 110 menores pasaron por el programa de atención inmediata. Las solicitudes de intervención procedieron de los servicios sociales municipales (34,71%), la Fiscalía de Menores (19,96%), el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil (18,71%) y los hospitales (8,99%).
En lo relativo al acuerdo marco de infancia, el Principado mantuvo el ejercicio pasado el concierto de 495 plazas con entidades sociales con una inversión de 9.988.225 euros.
Obras de reparación en el centro materno infantil y plan de infancia
La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha facilitado hoy estos datos en la visita que ha realizado al Centro Materno Infantil de Oviedo, donde ha destacado la importancia del sistema de protección de menores y valorado la tarea que desarrollan los profesionales y entidades que trabajan en este ámbito.
El Principado ha realizado obras en este centro por valor de 290.310 euros, que afectaron a los tres edificios del complejo. En concreto, en el espacio destinado a los pequeños se impermeabilizó la cubierta y se renovaron todos los canales y bajantes. Asimismo, se instaló un lucernario en el patio interior de juegos, se repararon los suelos y el sistema de saneamiento y se pintaron las paredes interiores. Por otra parte, en el edificio de administración se instaló una cubierta en la sala de visitas, se restauraron cubiertas y bajantes y se cambió el perímetro de vierteaguas. En el tercer espacio, además de los trabajos en bajantes y canalones, se impermeabilizaron las terrazas y se sustituyeron las barandillas. Para finalizar, se pintaron las fachadas exteriores del edificio.
Este recurso presta atención a pequeños de 0 a 3 años en acogimiento residencial en el sistema de protección autonómico. Actualmente, alberga a 24 menores.
Por otra parte, Varela ha explicado que en la reunión que mantendrá hoy el consejo rector del Instituto de Atención Integral a la Infancia se abordará el Pacto por la Infancia promovido por Unicef en el Parlamento asturiano, que será una realidad a finales de mes. También se analizará el Plan Integral de Infancia 2018-2021, en la fase final de elaboración. El documento plantea 10 líneas estratégicas, entre las que destacan la mejora de procesos para optimizar la atención a los menores en situación de desprotección y sus familias, y para reorganizar el acogimiento residencial e impulsar el familiar.