El proyecto de presupuestos para 2026 asigna más de 78 millones del Gobierno del Principado de Asturias al modelo público de gestión integral destinado a la prevención y extinción de incendios forestales. Esta dotación representa el mayor esfuerzo presupuestario en estas políticas y se enmarca como una prioridad estratégica frente a los efectos del cambio climático y al incremento de la complejidad de los riesgos ambientales.
Este modelo de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias garantiza un operativo activo durante todo el año, con una planificación coordinada y complementaria a las partidas de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, y refuerza la capacidad de respuesta ante incendios de mayor magnitud.
Entre las principales novedades destaca la creación de un fondo de cinco millones para la protección de la interfaz urbano-forestal, considerada la primera línea de defensa frente al fuego. Estas ayudas directas a los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes permitirán reforzar la seguridad de los núcleos rurales y fomentar la implicación local en la prevención.
Dentro de este esfuerzo global sobresale el refuerzo del Servicio de Emergencias del Principado (Sepa), cuyo presupuesto superará en 2026 los 53 millones. El organismo contará con más de 600 personas operativas durante todo el año, lo que mejorará la cobertura territorial y la capacidad de respuesta. Este incremento se traducirá en mejores medios y condiciones laborales de bomberos y bomberas, fortaleciendo un servicio esencial para la protección de las personas y del territorio.
Asimismo, el Principado destina 30,7 millones a reforzar la restauración ecológica, mejorar la prevención, modernizar medios y dinamizar la Red Natural de Asturias (RENA), que ocupa más del 30% del territorio. De esta cuantía, 13,4 millones se asignan al cuerpo de Agentes del Medio Natural, fundamentales para la vigilancia y la gestión sostenible del territorio. En 2026 se renovarán vehículos y equipamientos, se reforzarán las herramientas digitales y se mejorarán las condiciones del personal.
Estas líneas de actuación se han presentado hoy en el Comité de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, en el que también se ha anunciado la intención de mejorar la gobernanza de este órgano mediante la ampliación de su composición, con el objetivo de favorecer la participación de todos los agentes implicados.
Además, durante la reunión se ha informado sobre el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción 2025-2026, que refuerza la vigilancia en la interfaz urbano-forestal, impulsa las medidas de autoprotección y consolida el incremento progresivo de la capacidad operativa del Sepa.
Nueva estrategia para el periodo 2026-2030
El encuentro ha servido para analizar el avance de los trabajos de elaboración de la Estrategia de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales 2026-2030, que estará finalizada en el primer semestre de 2026. El documento mantendrá la estructura y las líneas generales de la estrategia vigente e incorporará nuevas medidas orientadas a ofrecer una respuesta más eficaz ante los grandes incendios forestales.
El texto incluirá un análisis estadístico de los incendios registrados en los últimos veinte años y un apartado específico sobre el episodio del pasado verano, que evidenció una evolución significativa en el comportamiento del fuego. Este diagnóstico permitirá una planificación más precisa y eficiente de los recursos y actuaciones.
Entre los principales objetivos de cara a 2030 destaca el refuerzo del enfoque integral, basado en la coordinación de las tareas de vigilancia, prevención y extinción bajo un mando único, un modelo reconocido a nivel nacional. Asimismo, se impulsará la planificación conjunta con ayuntamientos y parroquias para la reducción del combustible vegetal mediante desbroces y el uso técnico del fuego a través de quemas controladas, junto con el fortalecimiento de la formación de todos los agentes implicados.