El Gobierno del Principado de Asturias insta al Ayuntamiento de Gijón a ceder suelo para construir 300 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible y detalla las zonas con mayor necesidad residencial.
El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha instado al Ayuntamiento de Gijón a ceder suelo al Principado para la construcción de 300 viviendas públicas destinadas al alquiler asequible. En ese sentido, ha asegurado que ni la financiación ni la gestión representan obstáculo alguno para el Gobierno de Asturias en estos momentos: “Estamos en disposición de iniciar la construcción de esas 300 viviendas públicas”.
Zapico ha instado a la Administración local a ofrecer la misma colaboración institucional que se practica en otros concejos como Oviedo, “donde un gobierno de derechas ha cedido varias parcelas en Las Campas para construir 305 pisos”.
Informe sobre el suelo edificable en Gijón
Durante la presentación del informe técnico Suelo y vivienda en Gijón y opciones de intervención urbanística, el consejero ha señalado que el acceso a un hogar digno sigue siendo uno de los principales problemas para la ciudadanía en Asturias. En este contexto, ha puesto en valor iniciativas como la promoción de 250 viviendas en el antiguo solar de Peritos de Gijón/Xixón o el programa Alquilámoste, cuya resolución se firmará y se publicará en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) el día 20.
El titular de Vivienda, que ha estado acompañado en la presentación por la directora general de Urbanismo, Laura López, ha advertido de que, si la cesión de suelo por parte del Ayuntamiento de Gijón se retrasa, su departamento está dispuesto a estudiar los mecanismos oportunos para poner en marcha la iniciativa. “Es un empeño político, no queremos que la ciudadanía de Gijón sea menos que la de Oviedo”, ha subrayado.
Por su parte, Laura López ha explicado que el estudio elaborado por el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot) analiza la capacidad real de suelo edificable en Gijón, gran parte del cual requiere procesos de transformación urbanística. El documento también identifica las zonas que podrían densificarse, aquellas donde convendría crear espacios verdes y las áreas con mayor vulnerabilidad residencial.
Según el informe, barrios del sur como Santa Bárbara, Contrueces, Ceares y El Llano presentan los mayores problemas de acceso a la vivienda, mientras que La Calzada, Cimadevilla y La Arena registran vulnerabilidades menores, vinculadas a fenómenos de gentrificación y turistificación.
López ha detallado varias áreas en las que podrían desarrollarse nuevas actuaciones urbanísticas, entre las que ha citado El Natahoyo, con dos proyectos que permitirían crear cerca de 350 pisos, en coordinación con el desarrollo de Naval Gijón. También se ha referido a una parcela municipal junto a la estación de tren, con capacidad para 262 viviendas; a un solar en el sur de la ciudad, próximo al futuro hospital Quirón, apto para levantar otras 159, y un terreno en Nuevo Gijón Oeste, donde podrían edificarse alrededor de 606 pisos.
Valoración del Plan Llave y de la vivienda protegida
Por otra parte, Zapico ha cuestionado la forma en que el Ayuntamiento de Gijón ha gestionado el Plan Llave y ha lamentado que el Principado no fuera informado ni consultado sobre la iniciativa, de la que tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación.
También ha censurado la propuesta del equipo de gobierno municipal de redirigir fondos destinados a ayudas al alquiler para destinarlos a constructoras, una medida que, a su juicio, “no tiene sentido” y que supondría restar recursos a las familias que más lo necesitan. “Mientras sea consejero de Vivienda, no participaré en ninguna iniciativa que fomente la especulación o la usura a costa de los trabajadores”, ha sentenciado.
Respecto a la revisión del precio del módulo de la vivienda protegida, el consejero ha explicado que este asunto se está negociando en el marco de la concertación social y ha matizado que, de acordarse una subida, será inferior al alza de los salarios desde 2023, estará condicionada a la construcción de un determinado número de viviendas protegidas y entrará en vigor el mismo día que la Ley de Vivienda autonómica.
Además, ha agregado que la posible subida no alcanzará las cifras que inicialmente reclamaban las constructoras, que proponían elevarla a unos 3.000 euros por metro cuadrado, un valor equiparable al de la vivienda libre de lujo.