La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha sacado a información pública un decreto pionero que tiene por objeto regular el control ambiental de actividades económicas con el fin de incrementar la protección y la salud de las personas. Medio Ambiente aprobará también un nuevo Plan de Inspección Ambiental 2018-2020, que incremente el alcance del anterior (2014-2017).
Uno de los aspectos más novedosos es que el Decreto de Protección y Control Ambiental Industrial será aplicable a las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 21/1992, de 16 de julio, que estén inscritas en el Registro Integrado Industrial y que desarrollen actividades potencialmente contaminantes que deban operar bajo alguna de las autorizaciones o comunicaciones ambientales por el órgano competente. Estarán afectadas desde los grandes complejos industriales hasta los pequeños talleres.
Con este nuevo decreto el Gobierno del Principado se obliga a realizar planes y programas de inspección ambiental y a garantizar los medios personales y técnicos suficientes para desarrollar las inspecciones ambientales. Además, podrán suscribirse convenios de colaboración en esa materia con la Administración General del Estado y los Ayuntamientos.
El texto concreta las obligaciones de las empresas en materia de control ambiental, con especial atención a la eficacia en la respuesta ante condiciones anómalas de funcionamiento que pueden dar lugar a incidentes.
También se establece una regulación para las entidades de inspección y laboratorios acreditados similar a la existente en seguridad industrial, de forma que la Administración pueda supervisar e inspeccionar la labor de estas entidades. Para ello se crea la figura del Organismo de Control Ambiental (OCA).
Por último, se habilita a la Administración a desarrollar instrucciones técnicas y modelos que permitan unificar e incrementar la calidad de los informes que las empresas deben presentar.
Plan de inspección 2018-2020
El Plan de Inspección Ambiental 2018-2020 alcanza a todas las actividades económicas que cuentan con instalaciones potencialmente contaminantes y que operan bajo diferentes autorizaciones ambientales otorgadas por el Principado (unas 2.000 actividades). La legislación también obliga a contar con un plan autonómico para las grandes empresas que operan con una autorización ambiental integrada, unas 70.
El plan cuenta con un objetivo general y tres específicos y recoge once líneas de actuación. Anualmente se aprobará un programa de inspección ambiental que concretará las inspecciones a realizar ese ejercicio y los criterios de selección de instalaciones, a partir de una evaluación de riesgos específica o en el marco de campañas con objetivos concretos.
Desde que en 2014 se aprobó el Plan de Inspección Ambiental del Principado se ha ido incrementando la actividad inspectora, tanto la que se realiza de forma programada (a modo de auditoría para comprobar el cumplimiento de las autorizaciones ambientales), como la que se realiza a raíz de incidentes ambientales o por denuncias.
Solo en 2017 se abrieron 1.025 expedientes de control ambiental (un 34% más que el año anterior). De ellos, el 46% lo fueron en materia de residuos y el 37% de aire. Además, se levantaron 606 actas de inspección y las denuncias ambientales se incrementaron un 16% respecto a 2016.
La propuesta de decreto se someterá durante treinta días a trámite de información pública para que entidades y particulares puedan formular alegaciones. El texto puede consultarse en las dependencias de la Dirección General de Calidad Ambiental, en el Servicio de Atención Ciudadana y en el portal www.asturiasparticipa.es,