El consejero de Presidencia y portavoz del Principado, Guillermo Martínez, ha mostrado el rechazo de Asturias a las contrarreformas del Gobierno de Rajoy que representan un deterioro de la administración judicial como servicio público, entre ellas la desaparición de los registros civiles y la privatización del servicio, con los perjuicios que generará para la ciudadanía asturiana, principalmente a los habitantes de los concejos rurales.
Guillermo Martínez ha solicitado en la Conferencia Sectorial de Justicia, celebrada en la tarde de ayer en Madrid, la paralización del proyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, al tratarse los registros civiles de un servicio público “valorado muy positivamente ya que proporciona constancia de actos civiles y facilita el ejercicio de sus derechos”. Más cuando se trata de un servicio gratuito en lo referente a las inscripciones, certificaciones y expedientes desde 1986.
El Gobierno de Rajoy ha frenado la Ley 20/2011, que fue aprobada con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas el 21 de julio de 2011 y que introducía importantes avances frente a la normativa de 1957, y que tenía que haber entrado en vigor el año pasado. Sin embargo, el Ejecutivo central rechazó aplicar esta nueva normativa y ha promovido una nueva Ley de Reforma Integral de los Registros, que encomienda su gestión a los registradores de la propiedad, a los que otorga plena capacidad en aspectos relativos a la organización territorial, material y tecnológica.
El Consejero de Presidencia ha censurado que la desaparición de los registros civiles y la privatización del servicio que prestan se aplique a partir del próximo 15 de julio, lo que generará importantes trastornos para la población. “Es una contrarreforma más del Ejecutivo del señor Rajoy, al tratarse de una verdadera privatización de los registros civiles y causar graves perjuicios en un servicio público que beneficia a todos los ciudadanos, más allá de su situación económica o de su residencia en zona urbana o rural, al implicar un incremento de los costes y de la burocracia”, ha subrayado. La principales causas del rechazo del Principado a esta reforma son:
•Privatización de un servicio público esencial y gratuito.
•Reorganización de 96 puestos de trabajo públicos de los registros civiles, que representan un 8,3% de la plantilla de funcionarios judiciales en Asturias.
•Dificultad de acceso para la ciudadanía, dado que hoy cualquier ciudadano tiene acceso presencial en su concejo al registro civil. Con la entrega del servicio al Registro Mercantil de Oviedo los asturianos de otros municipios deberán desplazarse a la capital del Principado para tramitar los asuntos que hasta ahora realizaban en su municipio.
•Incremento de gastos para la ciudadanía. Aunque el Ministerio de Justicia proclama que no se va a cobrar por los trámites obligatorios (nacimiento y defunción), no aclara cuánto costarán las certificaciones y expedientes de los actos inscritos, como otros documentos oficiales utilizados para certificaciones administrativas en las oficinas de empleo, tramitación de pensiones, acceso a una plaza en colegios…
•Los datos personales (edad, nacimientos, divorcios…) contenidos en los registros civiles quedan en manos del Registro Mercantil, que no está obligado penalmente como los funcionarios a preservar el deber de secreto y no revelación.
Guillermo Martínez ha precisado que el planteamiento realizado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la Conferencia Sectorial de Justicia “abre más interrogantes y genera numerosas incertidumbres sobre un servicio público bien valorado y que ahora se privatiza”, más cuando su entrada en vigor tendrá lugar en poco más de tres meses. El titular de Presidencia ha añadido que el Gobierno del Principado “defenderá los puestos de trabajo de los 96 funcionarios que atienden los registros civiles, cuya profesionalidad es garantía del mantenimiento de la atención a la ciudadanía”.
El pasado mes de enero se cumplieron nueve años desde que Asturias asumió las competencias de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, y seis desde que acogió las transferencias relativas a los medios personales. Un proceso en el que el Gobierno asturiano siempre ha defendido la premisa de que la justicia debe avanzar hacia un modelo ágil, eficiente, eficaz, de calidad y cercano a la ciudadanía.