El Gobierno de Asturias, a través de las consejerías de Servicios y Derechos Sociales y de Sanidad, ha elaborado un protocolo para promover el buen trato a las personas mayores y prevenir, detectar e intervenir ante casos de abuso. Esta herramienta va dirigida fundamentalmente a profesionales de la atención social y sanitaria, y será testada en residencias públicas, hospitales y centros de salud y a través de los servicios sociales municipales, desde el próximo mes de noviembre y hasta junio de 2018, fecha en la que comenzará su aplicación en todos los centros públicos de la comunidad.
La experiencia piloto se llevará a cabo en nueve ayuntamientos: Oviedo, Avilés, Tineo, Siero, Castrillón, Llanes, Ribadedeva, Colunga y Caravia; ocho residencias del ERA: Centro Polivalente de Recursos (CPR) de El Cristo (Oviedo), Residencia Mixta (Gijón), Canapés (Avilés), Palacio de Villar (Castrillón), Valentín Palacio (Siero), Santa Bárbara (San Martín del Rey Aurelio), Moreda (Aller) y Belmonte; ocho equipos de atención primaria: Piedras Blancas (Castrillón), Sabugo y El Quirinal (Avilés), Ventanielles (Oviedo), Pola de Siero (Siero), Severo Ochoa (Gijón, Llanes-Ribadedeva y Colunga-Caravia) y dos hospitales: HUCA (Oviedo) y Francisco Grande Covián (Parres).
El objetivo del protocolo es facilitar una intervención coordinada entre administraciones y sistemas de protección, además de sensibilizar a los profesionales, las organizaciones y la sociedad en general sobre estas situaciones de maltrato. Asimismo, y en un escenario de envejecimiento creciente de la población, busca conocer mejor este fenómeno, del que se tiene poca información. Su desarrollo se enmarca dentro de las medidas de coordinación sociosanitaria que el Principado impulsa desde el inicio de la legislatura y favorecerá que por primera vez ambas consejerías trabajen juntas de manera formal en esta materia.
La nueva herramienta aborda todas las tipologías de maltrato: físico, psicológico, sexual, financiero, negligencia y abandono, y diferencia el ámbito social-comunitario, relativo a la sociedad; el relacional-familiar, vinculado al entorno cercano de las personas, y el institucional, para mayores que viven en un centro residencial. En cada uno de estos ámbitos, el protocolo establece factores de riesgo y de protección y propone procesos y herramientas para que los profesionales puedan detectar e intervenir.
Además, enfatiza los factores de protección vinculados al buen trato, que hasta ahora habían pasado más desapercibidos cuando se diseñaban procesos de intervención vinculados a situaciones de abuso. También propone herramientas específicas para abordar estos casos cuando se producen en el ámbito familiar, donde queda más oculto por los vínculos de afecto.
Jornada de trabajo
La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, y el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, han inaugurado hoy en Oviedo una jornada de trabajo dirigida a todos los organismos implicados, en la que han participado 120 profesionales, con el fin de darles a conocer el documento y trabajar sobre casos prácticos ante el inicio de la experiencia piloto.
Varela ha destacado la importancia de que los sistemas de protección social y sanitaria trabajen juntos y coordinados para lograr una atención a las personas integral y de mayor calidad, al tiempo que ha resaltado el carácter innovador de la nueva herramienta. “Es una muestra del objetivo de la consejería de trabajar desde la perspectiva de la innovación social, que conlleva realizar una experimentación y pilotaje de las políticas para dar respuesta a las necesidades de las personas a través de herramientas validadas” ha explicado. “Buscamos un enfoque de trabajo basado en evidencias científicas, que nos permita brindar una atención más adecuada y eficiente”, ha añadido.
Por su parte, el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, ha destacado el importante papel que desempeñan los profesionales, especialmente aquellos que mantienen un contacto frecuente con los mayores. “Los trabajadores de atención primaria, de urgencias y los trabajadores sociales son los encargados de investigar, valorar el entorno, evaluar el riesgo y derivar, una vez detectadas las sospechas de violencia por otros profesionales”, ha señalado.